Hallan antena clandestina en el penal Sarita Colonia que brindaba internet ilegal y facilitaba comunicaciones ilícitas

En los alrededores del penal Sarita Colonia, en el Callao, la señal de internet circuló durante un tiempo por vías ajenas a la ley. No se trató de un servicio abierto al público, sino de una infraestructura oculta que apuntó de forma directa hacia el interior del establecimiento penitenciario. La intervención estatal se activó tras detectar ese flujo irregular, en un contexto marcado por denuncias de extorsión y coordinación delictiva desde centros de reclusión.

La operación se desarrolló como parte de una línea de trabajo que prioriza el control de las telecomunicaciones en zonas sensibles. Las autoridades centraron su atención en estructuras técnicas que operan fuera del marco normativo y que permiten enlaces de datos sin supervisión. El objetivo principal se orientó a interrumpir cualquier canal que facilite comunicaciones ilegales desde espacios bajo custodia del Estado.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dispuso un operativo de fiscalización en el perímetro del penal, con participación directa de su máxima autoridad. La acción no solo apuntó a la incautación de equipos, sino también al mensaje político de reforzar la presencia del Estado frente a redes que sostienen actividades delictivas.

Operativo en el entorno del penal Sarita Colonia

El MTC reforzó las acciones de detección e incautación de infraestructura ilegal de telecomunicaciones en las inmediaciones del establecimiento penitenciario Sarita Colonia del Callao. La medida se enmarca en la estrategia del Gobierno para enfrentar la inseguridad ciudadana mediante el control efectivo de las señales de comunicación.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, y el viceministro de Comunicaciones, Raúl García Loli, participaron del operativo de fiscalización. La presencia de ambos funcionarios respondió a la necesidad de supervisar en campo los procedimientos técnicos y verificar el retiro de equipos que operaban sin autorización. El despliegue incluyó personal especializado y coordinación con otras entidades del Estado.

Durante la intervención, los equipos técnicos identificaron antenas y dispositivos que direccionaban la señal de internet hacia el interior del penal. Estas conexiones permitían enlaces de datos al margen de los sistemas de bloqueo instalados en los centros penitenciarios. La eliminación de ese soporte técnico resultó prioritaria para las autoridades.

Además, precisó los resultados concretos del operativo. “Durante este operativo se ha logrado incautar equipos enrutadores, encaminadores, amplificadores y equipos que permiten alimentar a las antenas para que la señal sea orientada al Centro Penitenciario Sarita Colonia, esta acción frena cualquier intento de comunicación de los internos penal y de esta manera evitar que cometan cualquier acto delictivo contra transportistas y demás ciudadanos”, señaló.

Estas declaraciones destacan el vínculo entre las telecomunicaciones ilegales y delitos como la extorsión. Para el sector, el control técnico se convierte en una herramienta clave dentro de una política más amplia de seguridad pública.

Trabajo articulado con la Policía Nacional

La intervención se ejecutó de manera articulada con la Policía Nacional del Perú. Esta coordinación permitió asegurar el retiro de la infraestructura detectada y garantizar el adecuado funcionamiento de los sistemas de bloqueo de señales. El trabajo conjunto también buscó confirmar la inexistencia de otras emisiones ilegales en los alrededores del penal.

Los operativos de este tipo requieren acciones simultáneas en varios frentes. Mientras el personal técnico del MTC se concentra en la identificación de equipos y frecuencias, la Policía Nacional cumple un rol de resguardo y control del área. Esta dinámica busca evitar interferencias externas y preservar la seguridad del personal interviniente.

Para el 2026, el ministerio prevé realizar acciones de fiscalización inopinadas en 24 centros penitenciarios del país. El propósito consiste en verificar el cumplimiento de las obligaciones normativas vinculadas al funcionamiento de los sistemas de bloqueo de señales. Estas intervenciones buscarán impedir que nuevas redes ilegales restablezcan canales de comunicación no autorizados en espacios de reclusión.

El caso del penal Sarita Colonia se inserta así en una política sostenida de control de las telecomunicaciones, con énfasis en zonas donde la seguridad ciudadana enfrenta mayores desafíos.