
Una reciente fiscalización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) reveló que, pese a la inversión en bloqueadores de señal, el crimen organizado ha encontrado una forma externa y eficaz de mantener la conectividad con antenas Wi-Fi camufladas en el vecindario.
Durante un operativo realizado en los alrededores del establecimiento penitenciario Sarita Colonia, en el Callao, la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones (DGFSC) detectó que la señal de internet no provenía de una falla en los sistemas internos, sino de una red de infraestructura ilegal instalada en un inmueble cercano.
El método de las antenas sectoriales
Según el reporte técnico, se identificó una estructura conformada por tres antenas sectoriales y tres antenas directivas. Estos dispositivos no emitían señal de forma aleatoria, sino que estaban configurados y apuntados específicamente hacia el interior del penal para garantizar que los internos tuvieran acceso a internet de banda ancha, evadiendo así cualquier restricción radioeléctrica de los operadores móviles.
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Este hallazgo pone en evidencia que la seguridad de los penales no solo depende de lo que ocurra dentro de los muros, sino de la falta de control sobre el espacio radioeléctrico en las zonas urbanas que los rodean. El uso de estas señales de internet facilita la planificación de extorsiones y otros actos ilícitos que, irónicamente, se siguen organizando desde el interior de una celda con tecnología “tercerizada” desde la calle.
Otros bloqueadores de señal bajo sospecha
La intervención del MTC no fue solo para buscar antenas ilegales, sino para verificar si los bloqueadores de señal instalados en los penales están realmente operativos. Además del ‘Sarita Colonia’, las mediciones se extendieron al Anexo Mujeres Chorrillos (ex Santa Mónica), en un intento por determinar por qué las señales prohibidas siguen siendo captadas por los monitores técnicos.
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Aunque el viceministro de Comunicaciones, Raúl García Loli, calificó estas acciones como parte de una “lucha frontal”, lo cierto es que la existencia de estas antenas demuestra que el Decreto Legislativo n.° 1688, que restringe el uso de señales en cárceles, es vulnerable ante la tecnología instalada en viviendas particulares.

Por ahora, el Ministerio Público y la Policía Nacional (PNP) investigan a los propietarios de los inmuebles donde se hallaron estos equipos. Mientras tanto, la sospecha sobre cuántos otros penales a nivel nacional cuentan con “proveedores externos” de Wi-Fi sigue creciendo, en un contexto donde el Estado de Emergencia parece no haber podido cortar el cordón umbilical entre las bandas criminales y sus cabecillas en prisión.
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Pocos penales cuentan con los equipos necesarios
La vulnerabilidad alcanza incluso a los establecimientos considerados de “máxima seguridad”. Un caso emblemático es el penal de Challapalca, ubicado a más de 4,600 metros sobre el nivel del mar en Tacna. Sobre este punto, en octubre pasado, el jefe del INPE admitió que este recinto, pese a albergar a los delincuentes más peligrosos del país, no cuenta con bloqueadores operativos.
El INPE había señalado que el presupuesto asignado apenas cubre las necesidades básicas de operación, dejando el mantenimiento de los bloqueadores en un segundo plano. Tan solo 30 de los 69 penales del Perú tiene bloqueadores operativos, y aún así, muchos de ellos son burlados por tácticas criminales con el objetivo de operar dentro de los penales.
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