Beto Ortiz cuestiona a Carlos Álvarez por no declarar condena vinculada a Vladimiro Montesinos: “No existe una absolución”

El periodista Beto Ortiz encendió el debate político y mediático al cuestionar duramente al candidato Carlos Álvarez por no haber consignado en su hoja de vida presentada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) una condena judicial vinculada a los pagos que recibió de Vladimiro Montesinos durante los últimos años del régimen de Alberto Fujimori.

Ortiz abrió el tema sin rodeos y apeló directamente a los antecedentes del hoy aspirante a un cargo de elección popular. Recordó que Carlos Álvarez, cuando conducía un programa humorístico en Canal 7, habría recibido pagos mensuales provenientes del entorno del entonces asesor presidencial Vladimiro Montesinos, mientras en pantalla ridiculizaba a los opositores del régimen.

“Por esta chambita, Vladimiro Montesinos, a través de su secretaria Matilde Pinchi Pinchi, le abonaba mensualmente una cantidad de dinero que le era entregada por una funcionaria del régimen”, sostuvo Ortiz, subrayando que estos hechos no fueron rumores ni versiones políticas interesadas.

Según el periodista, dichos pagos fueron investigados por los juzgados anticorrupción, lo que derivó en una condena judicial contra Álvarez. “Esto fue, por supuesto, investigado en su momento por juzgados anticorrupción y Carlos Álvarez fue condenado. Él ha respondido luego que la Corte Suprema lo absolvió. Pero no existe registro de una absolución. Existe, sí, registro de una condena por haber recibido dinero de Vladimiro Montesinos”, afirmó Ortiz, marcando una línea clara entre lo que figura en los expedientes judiciales y la versión sostenida por el candidato.

El conductor fue enfático al señalar que el vínculo entre Álvarez y Montesinos no puede ser reducido a una especulación. “Existe registro de una condena por haber recibido dinero de Vladimiro Montesinos”, repitió, insistiendo en que, hasta el momento, no hay constancia oficial que respalde la supuesta absolución que el cómico ha mencionado en diversas oportunidades.

Antes de cerrar el bloque, Ortiz presentó un informe detallado que expone el expediente judicial del caso, sustentado en resoluciones oficiales.

No fue absuelto

El reportaje difundido precisó que, en el expediente 031 del año 2002, la Tercera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima condenó a Carlos Gonzalo Álvarez Loaiza a cuatro años de pena privativa de libertad como cómplice del delito contra la administración pública.

Posteriormente, la sentencia fue modificada a tres años de prisión suspendida, pero nunca anulada ni revertida mediante una absolución registrada oficialmente.

Pese a ello, esa sentencia no figura en la hoja de vida que Álvarez presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones. En el apartado donde se consulta si el candidato registra sentencias o condenas, el cómico marcó que no, una omisión que, según recordó el informe, constituye una falta grave y puede derivar en un proceso de exclusión del proceso electoral. Para el JNE, la veracidad de la información consignada es un requisito fundamental para garantizar elecciones limpias y transparentes.

El reportaje también reveló otras inconsistencias en la declaración patrimonial del candidato. Según lo expuesto, Carlos Álvarez omitió declarar un automóvil Mazda CX-90 del año 2025, valorizado en 160 mil soles y vinculado a su empresa, consignando únicamente un Porsche del año 2013. Ortiz ironizó sobre la falta de documentos que respalden la versión del candidato respecto a su presunta absolución y cuestionó la selectividad de la información presentada ante la autoridad electoral.

La tesis fiscal del caso recordó que los pagos se habrían realizado entre 1999 y el 2000, con montos que oscilaban entre 2 mil y 3 mil dólares, como parte de una colaboración en la campaña de reelección de Alberto Fujimori, incluso con resguardo policial.

Ortiz apeló a la memoria colectiva y recordó que los programas televisivos de aquella época, en los que se atacaba sistemáticamente a la oposición, formaban parte del clima político de los años noventa, marcado por el control mediático y la persecución a voces críticas.

Tras la difusión del informe, Beto Ortiz centró su análisis en la actitud de Carlos Álvarez frente a las preguntas sobre su pasado judicial. Dijo percibir “rasgos de intolerancia”, una pérdida rápida de la paciencia y una conducta que calificó como altanera y soberbia, especialmente cuando el candidato es confrontado con información documentada.

Para Ortiz, la pregunta sobre la condena no solo es válida, sino necesaria. “¿Esto sucedió? Sí. La justicia dice que sí”, subrayó, rechazando cualquier intento de presentar el tema como una persecución política o una falta de respeto. En su opinión, el candidato tiene todo el derecho de explicar su versión, pero no de evadir un asunto de interés público.

“Puede explicarlo. Alguna explicación tendrá”, señaló el periodista, cuestionando las respuestas evasivas del tipo “más adelante” o “estoy ocupado” frente a un tema de tal gravedad. Ortiz recordó que quienes deciden ingresar a la política deben estar dispuestos a responder preguntas incómodas y a rendir cuentas sobre su pasado.

El comentario final fue directo y sin matices. Ortiz sostuvo que la política exige transparencia, paciencia y disposición al escrutinio público. “Si usted no quiere que lo perturben, que lo atormenten con preguntas incómodas, no se meta en política”, lanzó, dejando en claro que el debate no gira en torno a simpatías personales, sino a la honestidad como exigencia mínima en un proceso electoral.