Una intervención policial realizada en Iquitos permitió el rescate de entre seis y ocho jóvenes del pueblo indígena Chapra, quienes habrían sido trasladados desde sus comunidades bajo ofertas laborales engañosas, según información preliminar del Ministerio Público. El caso, actualmente investigado por la fiscalía y la Policía Nacional del Perú (PNP), ha generado una profunda preocupación entre las familias y líderes indígenas, no solo por la gravedad de la denuncia, sino por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las presuntas víctimas.
Según información oficial, los jóvenes habrían salido de la provincia del Datem del Marañón, una zona de difícil acceso ubicada en el límite entre las regiones Loreto y San Martín, con la expectativa de acceder a oportunidades laborales. Sin embargo, el traslado terminó en un escenario completamente distinto: una presunta situación de explotación laboral vinculada a actividades ilegales en la selva.
Rescate en Iquitos y temor por la situación de los jóvenes Chapra
El operativo fue ejecutado por la Unidad de Trata de Personas de la Policía Nacional, en coordinación con otras autoridades, tras una alerta sobre el posible traslado irregular de menores de edad. De acuerdo con las primeras diligencias fiscales, dos hombres estarían involucrados en el traslado de los jóvenes desde sus comunidades hacia Iquitos, para luego internarlos selva adentro con fines presuntamente relacionados a la extracción ilegal de madera, una actividad que suele operar al margen de la ley en zonas alejadas.
Las autoridades confirmaron que los menores de edad rescatados quedaron bajo custodia de la Unidad de Protección Especial (UPE), mientras se evalúa su situación legal y se adoptan medidas de protección. En tanto, los jóvenes que ya superan los 18 años deberán abandonar la protección estatal una vez concluidas sus declaraciones ante la Fiscalía, una situación que ha generado especial inquietud entre los representantes del pueblo Chapra.
Olivia Bisa Tirko, presidenta de la Nación Chapra, advirtió que varios de estos jóvenes permanecen actualmente solos en Iquitos, sin redes de apoyo, acompañamiento psicológico ni recursos económicos para cubrir alimentación, alojamiento o el retorno a sus comunidades. “Estamos hablando de territorios que se encuentran a más de diez horas de viaje fluvial, lo que hace prácticamente imposible que regresen por sus propios medios”, señalaron desde la organización indígena.
Como resultado del operativo, la Policía detuvo en flagrancia a los dos presuntos responsables, quienes ahora son investigados por su posible vinculación a una red de trata de personas o explotación laboral. El caso se encuentra en etapa preliminar, mientras las autoridades recaban testimonios y evalúan si existen más personas involucradas en esta presunta red que operaría en la Amazonía.
Trata de personas en la Amazonía peruana: un delito que vulnera derechos
Este episodio no es aislado. A finales de 2025, la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI) denunció la desaparición de una menor del pueblo Awajún, quien habría sido contactada a través de Facebook con falsas ofertas de empleo. La adolescente logró huir semanas después y regresar a su comunidad, tras haber sido trasladada engañada hasta Iquitos.
La trata de personas es reconocida por la Corte Suprema de Justicia como un fenómeno criminal que atenta directamente contra la dignidad humana, al despojar a sus víctimas de autonomía y reducirlas a una condición de sometimiento y aprovechamiento por parte de terceros. Este delito no solo implica un daño inmediato, sino que impacta de manera profunda y sostenida en los proyectos de vida, manteniendo a las personas afectadas en escenarios de degradación y vulnerabilidad permanente.
En el contexto peruano, las cifras reflejan la magnitud del problema. De acuerdo con datos del INEI, más del 70 % de los casos de trata de personas registrados en el país tiene como finalidad la explotación sexual, y afecta mayoritariamente a mujeres, adolescentes y niñas. Esta realidad evidencia cómo el delito se ensaña con poblaciones en situación de mayor riesgo, especialmente en regiones donde la desigualdad, el aislamiento geográfico y la informalidad facilitan la captación mediante engaños y falsas promesas.
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