
La mañana en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez transcurrió con el ritmo habitual de salidas y controles. Entre filas de pasajeros y anuncios por altavoz, un caso particular llamó la atención del equipo de inspección. Un ciudadano extranjero se preparaba para abordar un vuelo rumbo a España, con documentos que, a simple vista, parecían en regla. La calma del lugar contrastó con la atención precisa de los inspectores, que observaron detalles mínimos en el pasaporte que el viajero entregó en el puesto de control.
La revisión inicial abrió una secuencia de verificaciones específicas. Cada dato del documento empezó a contrastarse con la información del sistema. Los inspectores notaron señales que motivaron una evaluación más profunda. La situación dejó en evidencia la relevancia del trabajo de detección documental en los puntos fronterizos, donde cada revisión tiene impacto directo en la seguridad migratoria.
El pasajero presentó documentos adicionales para sustentar su identidad ante el personal del control. La información entregada generó dudas por su consistencia. Las autoridades activaron los protocolos correspondientes para confirmar la autenticidad del material presentado. El proceso incluyó la participación de distintas áreas dentro del aeropuerto, con especial atención a la validez del pasaporte exhibido por el ciudadano.
Minutos después, la intervención concluyó en una determinación clave. Los inspectores confirmaron que el documento principal mostraba indicios de adulteración. La situación derivó en una medida inmediata orientada a impedir la salida del país del extranjero involucrado en el hecho.
Identificación de irregularidades en el documento

La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que el ciudadano ecuatoriano intentaba salir del Perú con un pasaporte peruano adulterado. La entidad precisó que el personal de control detectó irregularidades en el documento de viaje. Según el reporte, “los inspectores identificaron que el documento de viaje del extranjero presentaba anomalías y le solicitaron otros documentos para corroborar su identidad”. Durante esa verificación, el pasajero entregó una fotocopia enmicada de un DNI con datos que no coincidían con la información oficial.
El siguiente paso correspondió al equipo de control secundario, junto con el personal de la Sala APIS y del Punto Atenas. La coordinación permitió una evaluación detallada del material presentado. De acuerdo con la información difundida, “se determinó que el pasaporte peruano presentado por el pasajero sería adulterado”. A partir de ese resultado, se activaron los procedimientos establecidos para estos casos en espacios aeroportuarios.
Las autoridades migratorias confirmaron que el ciudadano extranjero fue puesto a disposición de la Policía Nacional del Perú para el desarrollo de las investigaciones correspondientes. La medida impidió su salida del territorio nacional rumbo a España con la documentación intervenida. La entidad precisó que esta respuesta forma parte de las acciones de seguridad implementadas en los puntos de control fronterizo del país.
Migraciones resaltó que estas intervenciones permiten reforzar la detección inmediata de documentos fraudulentos presentados por ciudadanos nacionales y extranjeros. La institución registró, durante el 2025, más de cuarenta casos vinculados a intentos de salida del país con documentación adulterada o irregular, dentro de los distintos controles a nivel nacional.
Operativos en regiones y verificación del estatus migratorio
Además del caso ocurrido en el aeropuerto limeño, Migraciones informó sobre operativos de verificación y fiscalización desarrollados en diversas regiones del país en coordinación con la Policía Nacional. En la comunicación institucional se señaló que “#MigracionesPerú, en coordinación de la Policía Nacional del Perú, continúa ejecutando operativos de verificación y fiscalización migratoria para contribuir con el fortalecimiento de la seguridad y el orden interno del país”.
Durante estas acciones, realizadas en Huánuco, Piura, Puno, Tarapoto y Tumbes, la Policía Nacional intervino a 193 extranjeros. Migraciones identificó que siete de ellos presentaban estatus migratorio irregular. Los ciudadanos intervenidos fueron derivados a la autoridad policial para la aplicación de las sanciones establecidas en la normativa vigente.
En el caso de Puno, la Jefatura Zonal corroboró la vulneración de la norma migratoria en dos ciudadanos extranjeros. En consecuencia, se aplicó el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE). El proceso concluyó con la emisión de órdenes de expulsión que la Policía Nacional ejecutó conforme a los protocolos establecidos.
Las acciones descritas reflejan el trabajo coordinado entre entidades responsables del control migratorio y la seguridad interna, con énfasis en la revisión documental y la verificación del estatus de ciudadanos en tránsito o permanencia en el territorio peruano.
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