En una actividad oficial realizada en el Paseo Cívico de Tacna, la cobertura de prensa terminó convertida en un episodio de violencia luego de que el reportero Javier Rumiche, corresponsal de RPP Noticias, fuera retirado a la fuerza por agentes de Seguridad del Estado mientras intentaba tomar declaraciones del presidente José Jerí Oré. El incidente ocurrió pocos minutos después del izamiento del Pabellón Nacional, cuando varios periodistas se acercaron al mandatario tras recibir, según relataron, una invitación expresa para hacerlo.
El equipo de prensa de RPP, compuesto por Rumiche, su camarógrafo John Altamirano y otra colega que transmitía en vivo, denunció que fueron empujados y bloqueados pese a encontrarse plenamente identificados con micrófonos y credenciales. El hecho quedó registrado en video y generó preocupación entre gremios periodísticos y comunicadores de la región, quienes advirtieron que este tipo de acciones obstaculizan directamente el ejercicio informativo.
Escolta impidió el trabajo periodístico pese a llamado del presidente
Según narró el propio Javier Rumiche, el problema comenzó cuando intentó avanzar hacia el jefe de Estado para formular preguntas. En ese momento, un miembro de Seguridad del Estado lo interceptó, lo tomó del brazo y lo retiró abruptamente del lugar. En las imágenes difundidas se observa que el agente lo empuja con fuerza e incluso lo carga parcialmente para alejarlo de la comitiva, a pesar de que Rumiche repetía que se encontraba cumpliendo su labor periodística.
“El presidente, amablemente, nos invitó a acercarnos para preguntar, pero el personal de Seguridad del Estado insistió en continuar hostigando nuestro trabajo”, relató. Agregó además que le advirtieron que sería “intervenido”, como si su intento de acercamiento significara algún tipo de amenaza. El reportero indicó que, tras el empujón, cayó al suelo y terminó con el tobillo doblado, por lo que tuvo que acudir a una clínica local para ser atendido.
No solo él resultó afectado. Su camarógrafo John Altamirano también fue empujado por los agentes, mientras que otra periodista del equipo recibió impedimentos para continuar con la transmisión en vivo. Rumiche sostuvo que, pese a que el mandatario habría pedido que lo dejaran pasar, los agentes persistieron en bloquearlo y lo miraron “con total desprecio” una vez concluido el forcejeo.
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) expresó su solidaridad con el corresponsal y exigió que el agente involucrado sea identificado y sancionado por lo que calificaron como un “actuar abusivo” del personal de seguridad. En su pronunciamiento, recordaron que la prensa cumple un rol esencial en la cobertura de actividades oficiales y que cualquier agresión contra un periodista afecta directamente el derecho ciudadano a estar informado.
Agresiones, amenazas y hostigamiento judicial: el panorama que alerta al gremio periodístico
Durante octubre, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) documentaron un repunte significativo de ataques contra reporteros en diversas regiones. Solo ese mes, al menos 25 periodistas fueron heridos durante manifestaciones, la mayoría pertenecientes a la llamada Generación Z. Según los registros, 14 comunicadores recibieron impactos de perdigones y otros 11 fueron golpeados o empujados directamente por agentes policiales mientras realizaban coberturas en Lima y regiones. Entre los afectados figuran reporteros de El Comercio, Ojo Público, Wayka, Canal N, Latina y otros medios que denunciaron restricciones para trabajar en zonas de protesta.
El informe también advierte sobre casos de amenazas graves contra periodistas regionales. Una de las situaciones más visibles fue la que involucró a Marycielo del Castillo, de Willax, quien recibió una advertencia violenta por parte de la congresista Kira Alcarraz, según la denuncia difundida por la propia comunicadora. De manera paralela, Analí Andrade, de Radio Titanka, reportó haber recibido un video con armas de fuego acompañado de un mensaje intimidante que mencionaba que la tenían localizada. Andrade había publicado investigaciones sobre presuntas irregularidades en la Municipalidad de Andahuaylas, cuyo entorno ya la había agredido meses antes.
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