En los últimos días de 2025, diversos medios de comunicación informaron que el Estado peruano quedó obligado a pagar cerca de 100 millones de dólares al consorcio Kuntur Wasi tras un laudo arbitral internacional.
Este pago, que incluye intereses y costos adicionales, favorece a una empresa que enfrentó cuestionamientos desde la adjudicación del contrato de concesión para el aeropuerto internacional de Chinchero en 2014, así como durante las adendas y la posterior resolución del acuerdo.
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Las condiciones de la concesión y las decisiones administrativas adoptadas por diferentes gobiernos resultaron sistemáticamente beneficiosas para el consorcio.
El Estado peruano deberá pagar casi 100 millones de dólares a Kuntur Wasi
El proceso se originó tras la concesión del aeropuerto a Kuntur Wasi, vinculado a Aeropuertos Andinos, en medio de dudas sobre su capacidad financiera para ejecutar el proyecto. La oferta presentada por el consorcio implicaba asumir costos elevados, lo que generó escepticismo en sectores técnicos y políticos.
Ante la imposibilidad de reunir los fondos necesarios, el Estado suscribió una adenda que comprometía recursos públicos para respaldar financieramente a la empresa. Esta decisión motivó investigaciones judiciales contra funcionarios, entre ellos el entonces ministro Martín Vizcarra, por el presunto favorecimiento a la compañía privada.
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La Contraloría General de la República y la Fiscalía de la Nación abrieron indagaciones respecto a la legalidad de las actuaciones estatales, aunque los resultados no esclarecieron plenamente las responsabilidades.
El contrato, finalmente resuelto de manera unilateral por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), derivó en una nueva obligación indemnizatoria para el Estado. Tras la rescisión, el proyecto se transfirió a un esquema de cooperación Gobierno a Gobierno (G2G) con Corea del Sur, mientras que Kuntur Wasi inició un arbitraje internacional por supuestos incumplimientos contractuales.
Chinchero: la gestión del MTC queda bajo escrutinio tras el laudo arbitral
El laudo arbitral resultó favorable al consorcio, que exigió el pago de los montos invertidos, intereses y otros gastos. Fuentes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) indicaron que la defensa del Estado no participó activamente en etapas clave del arbitraje, lo que habría incidido en el desenlace adverso para el país.
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Además, el Estado tampoco presentó objeciones durante la ejecución del laudo, quedando en una situación de indefensión jurídica. Como resultado, Kuntur Wasi recibirá una suma cercana a 100 millones de dólares sin haber completado la construcción del aeropuerto.
Las inquietudes en torno a la gestión de aeropuertos no son recientes. Aeropuertos Andinos, empresa relacionada al consorcio, tampoco concretó inversiones significativas en el segundo grupo de terminales concesionados, pese a los compromisos asumidos.
En el contexto actual, el Estado peruano busca atraer inversionistas para un nuevo paquete de concesiones que incluye Chinchero. Sin embargo, los antecedentes del caso han generado preocupación entre potenciales interesados por las condiciones contractuales y la falta de sanciones ante presuntos favorecimientos irregulares, de acuerdo con otras fuentes consultadas.
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El caso Kuntur Wasi genera dudas entre inversionistas sobre la estabilidad contractual en Perú
En las últimas semanas, el MTC designó como representante para la controversia con Kuntur Wasi a un funcionario que participó en la adenda y nombró como directora general de aeronáutica civil a una exfuncionaria de Aeropuertos Andinos, según lo publicado en el diario oficial.
Esta decisión coincidió con la disposición del pago millonario en el cierre del año 2025, repitiendo patrones observados en otros casos bajo investigación, como el del hospital de Moquegua durante la gestión de Martín Vizcarra.
De esta manera, el actual gobierno transitorio enfrenta demandas de transparencia y explicaciones sobre la gestión de recursos públicos en el sector transportes, que maneja uno de los mayores presupuestos del país.
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La secuencia de decisiones favorables a Kuntur Wasi, sumada a la ausencia de esclarecimiento judicial, mantiene la atención sobre la manera en que se adjudican y resuelven contratos de infraestructura estratégica en Perú.
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