Sicariato y extorsiones baten récord en 2025: las cifras que marcaron la seguridad ciudadana y las políticas implementadas

El año 2025 cerró con un registro alarmante de violencia, marcado por el incremento de delitos como sicariato, robos, asesinatos y extorsiones. El país acumuló 25.196 casos de extorsión hasta el 27 de diciembre, cifra que representa un aumento del 20% en comparación al año anterior.

Las estadísticas oficiales superaron las 27.000 denuncias, según datos de la Fiscalía, mientras que los homicidios alcanzaron los 2.451 casos, acercándose a un promedio de siete asesinatos diarios. Este contexto de inseguridad condicionó el desarrollo de las políticas públicas del gobierno de Dina Boluarte y su sucesor, José Jerí.

Las cifras reflejan un deterioro de la seguridad en todo el territorio nacional. Lima Metropolitana se posicionó como la zona más afectada, reportando 10.562 denuncias de extorsión. El sicariato evidenció una presencia sostenida: en el primer trimestre del año se documentaron 364 asesinatos bajo esta modalidad, con predominancia de víctimas con antecedentes penales.

El sector transporte fue uno de los más golpeados. Al menos 69 conductores y 5 cobradores perdieron la vida durante sus jornadas laborales, siendo la extorsión el principal móvil. El 80% de las empresas de transporte público admitió el pago de cupos que rondan los S/30.000 mensuales a organizaciones criminales.

Pese a la disminución de denuncias por robos y hurtos, que pasaron de 347.911 en 2023 a 218.808 en 2025, la percepción de inseguridad se mantuvo alta por el crecimiento de crímenes violentos y la sofisticación de las bandas criminales. De acuerdo con la Policía Nacional (PNP), se desarticularon 12.712 bandas y 217 organizaciones criminales durante el año.

Políticas de seguridad bajo Boluarte

Dina Boluarte, presidenta hasta octubre, apostó por el plan “Perú Seguro”, una estrategia integral que priorizaba la prevención del delito, el control territorial y la modernización de la institución policial.

En su mensaje por Fiestas Patrias, la exjefa de Estado anunció la intensificación de operativos policiales, alcanzando más de 570.000 intervenciones hasta junio y proyectando superar el millón al finalizar el año. El gobierno también lanzó el plan “Celador” para reforzar la vigilancia en Lima y Callao, e incorporó 21.000 nuevos agentes con el fin de reducir el déficit de personal policial.

El Ejecutivo también promovió el Plan Estratégico de Modernización del Equipamiento Policial 2025–2030, con una inversión de más de 9.200 millones de soles destinados a la compra de armas, vehículos, equipos de protección y la implementación de cámaras de videovigilancia con inteligencia artificial.

En materia migratoria, Boluarte endureció los controles a ciudadanos extranjeros, exigiendo contratos de trabajo y alquiler, bajo advertencia de expulsión para quienes incumplieran estas normas. Pese a estos esfuerzos, las estadísticas de homicidios revelaron un incremento del 20% en los primeros cinco meses del año, lo que contribuyó a la vacancia presidencial aprobada por el Congreso por “incapacidad permanente”.

El 86% de la ciudadanía consideró insuficiente la estrategia del Ejecutivo para garantizar la seguridad. Las críticas se centraron en la falta de resultados frente al crimen organizado y la persistencia de la violencia en zonas urbanas y rurales.

La llegada de José Jerí

El arribo de José Jerí a la presidencia, tras la destitución de Boluarte, marcó un viraje en la política de seguridad. El gobernante transitorio declaró el estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días, lo que permitió la participación activa de las Fuerzas Armadas junto a la PNP.

La medida restringió derechos como la libertad de reunión y movimiento, y fue presentada como un paso hacia una estrategia ofensiva contra el crimen. “Las guerras se ganan con acciones, no con palabras”, afirmó Jerí.

También anunció la derogación del plan nacional de seguridad ciudadana vigente, la elaboración de un esquema renovado, inspirado en estrategias anteriores como el plan Bratton y la presentación de un plan multisectorial y articulado al inicio de 2026, con énfasis en el control territorial y la persecución de organizaciones criminales.

A diferencia de Boluarte, quien evitaba la exposición ante los medios al salir del Palacio de Gobierno, Jerí, abogado de 36 años, mantiene una presencia constante frente a las cámaras. Suele aparecer con camisas blancas arremangadas y un gesto serio, proyectando una imagen enfocada en la lucha contra la criminalidad.

Su primera acción fuera del Palacio de Gobierno fue toda una declaración de intenciones: una intervención en una cárcel para requisar objetos prohibidos, donde los presos fueron tratados y expuestos ante las cámaras como acostumbran a hacerlo en intervenciones carcelarias similares en El Salvador y en Ecuador, apilados unos contra otros y obligados a mirar abajo en señal de sumisión.

Los operativos en las cárceles, señaladas como origen de las extorsiones de bandas criminales, se sucedieron en los días siguientes, a la vez que Jerí trataba de formar un gabinete ministerial con dificultades, hasta conseguirlo casi una semana después, con el abogado Ernesto Álvarez a la cabeza, quien no tuvo problemas para recibir el voto de confianza del Parlamento.

Sin embargo, las denuncias de extorsiones y asesinatos se han seguido sucediendo, en especial contra conductores de autobuses, que han vuelto a convocar nuevos paros en protesta en contra del Gobierno.