Golpe al microtráfico en Villa María del Triunfo: PNP incauta casi mil envoltorios de PBC y detiene a varios implicados

Un operativo de gran escala desplegado en Villa María del Triunfo permitió a la Policía Nacional del Perú (PNP) incautar 956 envoltorios de pasta básica de cocaína y detener a personas investigadas por microtráfico y robo de autopartes en pleno estado de emergencia.

Estas acciones forman parte del refuerzo de los controles en sectores considerados de riesgo, en línea con las nuevas directivas de seguridad implementadas por el Ejecutivo.

El dispositivo, organizado tras labores de inteligencia que identificaron zonas críticas, tuvo uno de sus puntos clave en el sector de Limatambo. En ese lugar, la intervención a una vivienda culminó con la detención de un sujeto apodado “Miguelón”, en posesión de 756 envoltorios de PBC. La policía confirmó que el individuo ya había sido capturado en ocasiones anteriores por delitos relacionados al tráfico ilícito de drogas.

Simultáneamente, agentes de la División de Orden Público y Seguridad Sur 3 actuaron en la zona de Tablada de Lurín, donde hallaron a otro sospechoso portando 200 ketes de PBC. Además, dos hombres fueron arrestados bajo sospecha de integrar una banda dedicada al robo de autopartes, delito que afecta con frecuencia a los residentes del distrito.

Las nuevas estrategias de control territorial no solo se concentran en la persecución de la microcomercialización de estupefacientes, sino también buscan frenar el desmantelamiento de vehículos, otra de las amenazas recurrentes para la tranquilidad de la población.

La intervención contó con la presencia de más de 230 efectivos policiales, respaldados por 20 miembros del Ejército, quienes realizaron controles de identidad en avenidas principales y patrullajes preventivos en los puntos de mayor incidencia.

Durante la presentación oficial de los resultados en la comisaría de Villa María del Triunfo, el viceministro de Seguridad Pública, José Zapata, junto con el secretario general de la Presidencia del Consejo de Ministros, Juan Falconí, remarcaron la importancia del trabajo conjunto entre la Policía, las Fuerzas Armadas y las autoridades locales.

De acuerdo con el Mininter, la intensificación de estos despliegues nocturnos responde a la necesidad de fortalecer la presencia del Estado en los distritos más golpeados por la delincuencia.

Los patrullajes y controles no solo buscan resultados inmediatos en la incautación de drogas o la captura de sospechosos, sino también consolidar un ambiente seguro para los vecinos y desalentar la actividad criminal.

Prórroga del estado de emergencia en Lima y Callao

El Gobierno dispuso una nueva prórroga del estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por un periodo adicional de 30 días calendario, a partir del 21 de diciembre de 2025. La decisión se fundamenta en la persistencia de una grave alteración del orden interno, motivada por el incremento de delitos violentos, entre ellos homicidios, sicariato y extorsiones.

Con la extensión de la medida, la PNP continuará liderando las acciones destinadas a restablecer la seguridad, contando con el respaldo de las Fuerzas Armadas en sectores definidos como prioritarios. Las zonas de intervención se determinarán a partir de labores de inteligencia, análisis estadístico y la elaboración de mapas delictivos, con el objetivo de fortalecer la presencia estatal en los puntos de mayor riesgo.

Durante el periodo de emergencia se mantienen restringidos o suspendidos determinados derechos constitucionales, como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales. Estas restricciones, previstas en la normativa nacional, se aplican de manera excepcional ante situaciones que amenazan la seguridad pública.

En la práctica, la medida otorga a los cuerpos policiales y militares facultades ampliadas para realizar controles de identidad, intensificar patrullajes y ejecutar operativos conjuntos en la capital y el principal puerto del país. La estrategia busca contener el avance de la criminalidad y garantizar la protección de la ciudadanía en un contexto marcado por la violencia y el delito.