Más de 20 criminales que planeaban fugar del penal de Chiclayo fueron trasladados a cárceles de Trujillo y Cajamarca

Un total de 21 criminales de alta peligrosidad fueron trasladados el domingo pasado 21 de diciembre desde el penal de Chiclayo a los centros penitenciarios de Cajamarca y Trujillo luego de que se detectara que participaban del planeamiento de una fuga del centro penitenciario y que parte de su organización incluía realizar un motín con toma de rehenes para asegurar su liberación.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) afirmó que se tomó la decisión de cambiar el centro de reclusión de los criminales con base a una resolución que permite hacer este tipo de traslados en caso de que los delincuentes sean considerados como de "alto riesgo" o una “amenaza a la seguridad”. Además, se considera como una de las prioridades la reducción de la criminalidad en los establecimientos penitenciarios.

El operativo de traslado de los 21 criminales involucrados en este plan de escape fue encabezado por funcionarios de la oficina Regional Norte del INPE, y se garantizó que el movimiento se hizo bajo estrictos protocolos de seguridad. Los internos trasladados pertenecen al régimen cerrado ordinario y especial.

El INPE informó que la acción se basó en información de inteligencia penitenciaria, que permitió frustrar la acción delictiva y evitar la vulneración de la seguridad en el penal. La institución reiteró su compromiso en la lucha contra la extorsión y la criminalidad, y aseguró que continuará redoblando esfuerzos para contribuir a la seguridad ciudadana.

José Jerí anunció reforma de INPE y creación de SUNIR

La reforma del INPE, anunciada por el presidente José Jerí y programada para entrar en vigencia en enero de 2026, marcará el fin del Instituto Nacional Penitenciario y su reemplazo por la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir).

De acuerdo con Jerí, esta transformación responde a la necesidad de combatir la criminalidad originada en las cárceles y a la urgencia de romper la desconexión entre las autoridades y la realidad del sistema penitenciario. “Lo que nosotros planteamos desde el inicio era hacer lo contrario: estar en la calle, en el campo, y tomar las decisiones en función a la realidad, no al problema que te dice el documento”, afirmó en entrevista con la revista Cosas.

El mandatario aclaró que el proceso no es solo un cambio de denominación, sino una medida estructural y de fondo. Destacó que desde el inicio de su gobierno, incluso sin gabinete, una de las primeras acciones fue visitar los penales y atender directamente “uno de los problemas matrices de la criminalidad”. La reforma es parte de las facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana, y busca restablecer el control y la integridad institucional de los centros penitenciarios.

Dentro del INPE, José Jerí identificó una serie de irregularidades y filtraciones que, según él, comprometieron el funcionamiento mismo de la institución. “Hay un sector del INPE que está contaminado, que avisa de los operativos”, advirtió el presidente. Esta práctica minó la efectividad de las intervenciones, ya que al llegar a los penales, los internos y el personal sabían anticipadamente qué celdas serían inspeccionadas, reduciendo el impacto de las requisas.