Cuando fue consultado por las declaraciones de Delia Espinoza, quien afirmó que aún considera que “constitucionalmente” tiene el título de fiscal de la Nación, pues él fue nombrado como interino por “inconstitucionalidades sistemáticas surgidas desde la Junta Nacional de Justicia“, dio una respuesta burlona.
En primer lugar, coincidió con la fiscal Espinoza y afirmó que ella aún es fiscal, porque el acuerdo de su nombramiento sigue vigente.
“La doctora Delia Espinoza, claro que sigue siendo fiscal, porque el acuerdo por el cual se le ha nombrado, sigue vigente”, sorprendió. Sin embargo, seguidamente hizo una aclaración acompañada por una broma.
“Lo que pasa que está suspendida para diez años. Y, bueno, si es que estamos vivos para el año 11, la tendremos acá a la doctora nuevamente. Pero sí, sigue siendo fiscal. Esa es la respuesta”, agregó.
Tras esa declaración, Gálvez se despidió y dio por concluida la conferencia de prensa. Cabe señalar que el encuentro con los medios estuvo marcado por momentos de tensión, ya que reclamó por algunas de las preguntas formuladas.
Por ejemplo, cuando fue cuestionado por los fiscales Vela y Pérez, su respuesta fue un llamado de atención: “¿Dónde está el miedo? Creo que ahí también hay que llamar la atención del señor periodista para que use las palabras pertinentes. Tampoco se puede hablar de cualquier manera, pues. No estamos en una chacra, ¿ya?“.
El origen de la inhabilitación y el escenario político
La inhabilitación por diez años de Delia Espinoza fue aprobada por el Congreso tras una votación ajustada y marcada por negociaciones internas de último momento. Luego de admitir reconsideraciones, el Pleno alcanzó los votos necesarios para respaldar el informe que recomendaba la sanción, lo que selló su salida del Ministerio Público. El resultado final respondió a cambios de posición de algunos legisladores y a la presencia de congresistas que no participaron en la primera votación, pero sí en la decisiva.
Desde entonces, Espinoza sostiene que la acusación carece de un sustento jurídico sólido y que durante el proceso se cometieron irregularidades desde las instancias parlamentarias encargadas de evaluarla. En ese contexto, anunció que recurrirá a la vía constitucional para revertir la medida, convencida de que su separación del cargo vulneró principios básicos de autonomía institucional.
Los obstáculos para una reposición rápida
La principal herramienta legal que Espinoza ha adelantado es la presentación de una acción de amparo ante el Poder Judicial. Sin embargo, incluso si obtiene una decisión favorable en primera instancia, su retorno no sería inmediato. El Congreso puede apelar cualquier fallo adverso, lo que suspende automáticamente sus efectos y prolonga el proceso por varios meses.
A ello se suma una estrategia adicional que el Parlamento ya ha utilizado en otros casos: recurrir al Tribunal Constitucional mediante una demanda competencial para cuestionar la intervención del Poder Judicial. Este escenario introduce un nuevo nivel de disputa que puede alargar aún más los plazos y mantener vigente la inhabilitación mientras se resuelven los conflictos entre poderes del Estado.
El impacto de la reforma al Código Procesal Constitucional
Un factor clave que explica la demora potencial es la reciente modificación al Código Procesal Constitucional. Esta reforma establece que las sentencias de amparo contra decisiones del Congreso solo tienen efecto cuando son confirmadas en segunda instancia. En la práctica, esto significa que, aunque Espinoza gane inicialmente, no podrá reincorporarse hasta que un tribunal superior ratifique el fallo.
Este cambio legal otorga al Congreso un margen adicional para extender los efectos de la sanción y dilatar cualquier restitución. Por ello, el eventual regreso de Delia Espinoza no solo depende de ganar un proceso judicial, sino de superar una serie de etapas procesales que, en el mejor de los casos, tomarán varios meses antes de producir un resultado definitivo.
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