José Domingo Pérez no descarta renunciar y advierte a Tomás Gálvez que podría incurrir en encubrimiento real al desactivar equipos especiales

El anuncio de la inminente desactivación de los Equipos Especiales del Ministerio Público, realizado por Tomás Gálvez, fiscal de la Nación interino, generó un clima de incertidumbre y preocupación entre los fiscales encargados de investigaciones emblemáticas. José Domingo Pérez, fiscal del equipo especial Lava Jato y uno de los más cuestionados por parte del titular del Ministerio Público, no descartó presentar su renuncia si se concreta la medida y advirtió que ejecutarla también podría acarrear consecuencias penales.

En diálogo con RPP, detalló que su equipo no ha mantenido comunicación con el máximo representante de la Fiscalía ni con los demás integrantes de la Junta de Fiscales Supremos sobre la viabilidad o conveniencia de desaparecer estas fiscalías. “Él ha salido en distintos medios señalando que va a consultar, y luego ha indicado que, de no obtener un pronunciamiento favorable, igual va a ordenar la desactivación de los equipos especiales. Si esto se suma a lo que anteriormente ha señalado acerca de Rafael Vela y mía, queda claro de que no somos de su agrado”, enfatizó.

Destacó los efectos e impacto que esta disolución de grupos como Lava Jato, el equipo especial Los Cuellos Blancos del Puerto y el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Efficop), responsables de casos de gran repercusión pública, tendría en la justicia peruana. “La experiencia nos enseña qué es lo que pasa cuando se cambian a fiscales en las partes decisivas de los juzgamientos. Está el caso Sánchez Paredes. Removieron al fiscal Frank Almanza en pleno juzgamiento y lamentablemente ese caso terminó en una absolución o archivo”, explicó.

En esa línea, mencionó que si el fiscal Tomás Gálvez toma la decisión de desactivar, ya “será responsabilidad de él y de las consecuencias que seguramente tendrá que asumir”, y recordó el precedente de Pedro Chávarry, exfiscal de la Nación condenado por encubrimiento real luego de obstruir la labor del equipo especial.

“No hay que olvidar los antecedentes en nuestro país. El señor Pedro Chávarry, a finales del año 2018, inicios del año 2019, nos remueve. Luego la justicia, en dos instancias, terminan condenándolo por el delito de encubrimiento real. Es decir, un fiscal general, un fiscal de la nación de nuestro país, terminó siendo condenado penalmente por haber obstruido la labor del equipo especial. No quiero adelantar que [correría la misma suerte], pero hay un antecedente que debe ser observado por la Junta y el propio Gálvez”, precisó.

“La renuncia también es una protesta de dignidad”

Mientras reiteró su compromiso de defender su trabajo en el Ministerio Público, el abogado dejó abierta la posibilidad de presentar su renuncia si considera que su independencia resulta afectada. “Si no existen las condiciones adecuadas, la renuncia también constituye una protesta de dignidad frente a lo que ocurre en la institución. Será una decisión que tendré que valorar en el momento en que se concrete la desactivación y según las consecuencias sobre mi labor. […] Si veo que la institución deja de responder a los intereses de la Constitución y la ley, y comienza a obedecer intereses ajenos, entonces queda claro que mi presencia resulta innecesaria en una entidad que se aleja de sus principios”, afirmó.