La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la decisión del Congreso de inhabilitar arbitrariamente a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por firmar un documento que nunca firmó ni respaldó.
“La CIDH recuerda que las personas operadoras de justicia cuentan con garantías reforzadas de estabilidad. Cualquier remoción debe obedecer las causales permitidas y procedimientos justos que aseguren objetividad e imparcialidad según la Constitución o la ley”, manifestó el organismo.
La Comisión recordó que las inhabilitaciones decididas por el Congreso contra operadores del sistema de justicia e integrantes de órganos autónomos ”amenazan la separación e independencia de los poderes cuando no se respeta el debido proceso y el principio de legalidad”.
La inhabilitación dejará fuera a Espinoza del Ministerio Público por los próximos 10 años o hasta que esta sea anulada eventualmente por el Poder Judicial.
Delia Espinoza inhabilitada
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, fue inhabilitada por el Congreso de la República el 3 de diciembre de 2025 para ejercer funciones públicas durante 10 años. Esta sanción, aprobada con 71 votos a favor, 19 en contra y tres abstenciones tras una reconsideración, impide su retorno al Ministerio Público.
El origen del proceso se remonta a una denuncia constitucional presentada en octubre de 2024 por congresistas como Fernando Rospigliosi, José Cueto y Alfredo Azurín. Se acusa a Espinoza de haber respaldado o participado en la elaboración de un reglamento interno del Ministerio Público titulado “Actuación Fiscal en la Investigación del Delito”, que supuestamente contraviene la Ley 32130. Esta norma, aprobada por el Congreso, refuerza las atribuciones de la Policía Nacional en las investigaciones preliminares, limitando las de los fiscales. Según el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Espinoza incurrió en infracciones a artículos constitucionales como el 38, 103, 109, 159 y 166, configurando posibles delitos de abuso de autoridad, prevaricato y usurpación de funciones.
Espinoza se defendió ante el Pleno del Congreso, negando cualquier participación en dicho reglamento y argumentando que el proceso era una venganza política por sus acciones contra congresistas investigados. Afirmó que el documento no fue aprobado en la Junta de Fiscales Supremos y que la acusación era arbitraria. Inicialmente, la votación no alcanzó los votos necesarios (63 a favor), pero tras reconsideraciones y cambios en la asistencia parlamentaria, se aprobó la sanción.
Previo a esto, Espinoza había sido suspendida por seis meses por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en septiembre de 2025, por no ejecutar una resolución que restituía a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. El Poder Judicial ordenó su reposición temporal, pero el Tribunal Constitucional suspendió esa medida el 10 de diciembre al otorgar una cuestionada medida cautelar a la JNJ.
Recientemente, Espinoza requirió al juez Juan Torres Tasso que inaplique el fallo del TC por considerarlo inconvencional; sin embargo, el magistrado decidió obedecer al máximo intérprete.
Actualmente, se acelera una segunda denuncia que podría sumar otros 10 años de inhabilitación, con citación para el 17 de diciembre. Este caso ilustra las tensiones entre poderes en Perú, donde la fiscalía enfrenta presiones políticas constantes.
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