En el distrito de Yuyapichis, una zona de Huánuco donde la expansión de la minería ilegal ha modificado por años la vida de sus comunidades, los defensores del Área de Conservación Privada (ACP) Panguana enfrentan un escenario de creciente hostilidad. Durante las últimas semanas, trabajadores, investigadores y pobladores vinculados al área comenzaron a recibir amenazas directas después de que se ejecutaran operativos estatales contra las operaciones mineras ilegales que controlan parte de este territorio de la selva central.
Las organizaciones que acompañan la protección del ACP señalan que la presión sobre el territorio se ha intensificado, y que el clima de riesgo dejó de ser una preocupación silenciosa para transformarse en un ambiente de vigilancia permanente. El Observatorio de Minería Ilegal (OMI) explica que los ataques e intimidaciones se dirigen directamente a las personas vinculadas tanto al ACP como a la Estación Biológica Panguana, un espacio clave para la investigación científica en la Amazonía peruana.
Desde agosto de este año, se solicitó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la incorporación de estas personas en el registro oficial de defensores ambientales, un trámite que continúa en curso pese al incremento de las amenazas.
Aumento de hostilidades tras operativos contra minería ilegal
La situación se agravó después del despliegue temporal de agentes de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional, la Marina de Guerra y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, quienes realizaron acciones de interdicción en diferentes puntos de Yuyapichis. Durante estas intervenciones se destruyó maquinaria pesada utilizada por al menos cuatro de los principales operadores de minería ilegal que controlan esta parte del territorio. Aunque el operativo fue considerado necesario por las organizaciones, también habría desencadenado una respuesta más hostil de parte de quienes se oponen a la fiscalización estatal.
Uno de los hitos más mencionados ocurrió en septiembre, cuando se otorgaron medidas de protección para el ACP. El pronunciamiento del OMI señala que “el 18 de septiembre del 2025 la Subprefectura del Distrito de Yuyapichis, del Ministerio del Interior, entregó garantías personales a los miembros del ACP Panguana; sin embargo, se espera las acciones inmediatas por demás autoridades que garanticen la protección de las personas”. Las organizaciones advierten que estas garantías aún no se reflejan en condiciones reales de seguridad, sobre todo considerando que las redes dedicadas a la explotación ilegal de oro mantienen presencia activa pese a los operativos.
El clima de alerta se reforzó con otra advertencia incluida en el documento: “Los recientes hechos y el clima de hostilidad que enfrentan las personas vinculadas al ACP Panguana evidencian un grave incremento del riesgo para su vida e integridad, en un contexto donde operan redes de minería ilegal y otros actores que buscan obstaculizar la acción del Estado”. Los defensores del área indican que el riesgo no solo afecta a quienes residen permanentemente, sino también a investigadores, estudiantes, y personal técnico que desarrolla actividades vinculadas a conservación o monitoreo científico.
Organizaciones exigen presencia sostenida del Estado y medidas urgentes
El pronunciamiento fue respaldado por diversas instituciones que solicitan una intervención urgente del Estado para fortalecer la protección del ACP. Entidades como la Sociedad Zoológica de Fráncfort (FZS Perú), Conservación Amazónica – ACCA, ECOAN, Naturaleza y Cultura Internacional, SEPAR, DAR, FCDS y especialistas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos suscribieron el pedido dirigido a los sectores responsables.
La solicitud incluye la participación activa del Ministerio del Interior, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio Público, con el fin de adoptar medidas inmediatas para identificar y desarticular a los grupos criminales que continúan expandiéndose en Yuyapichis.
Las organizaciones señalan que la presencia estatal debe ser constante y no limitada a operativos temporales, dado que la falta de vigilancia posterior genera espacios donde los grupos ilegales recuperan control rápidamente. Además, se plantea la necesidad de reforzar los mecanismos de protección para los defensores ambientales conforme a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, sobre todo en territorios donde la minería ilegal ha consolidado estructuras de vigilancia y represalia contra cualquier intento de fiscalización.
El documento firmado enfatiza que el ACP Panguana es un espacio clave para la conservación amazónica y la investigación científica, lo que lo convierte en un objetivo frecuente de actividades ilegales que buscan expandirse en zonas remotas. Por ello, las instituciones piden medidas firmes que garanticen condiciones mínimas de seguridad para la comunidad y para todas las personas involucradas en la protección de este territorio.
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