
El Ministerio Público pidió este jueves ocho años y medio de prisión para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) por presunto delito de colusión en el corredor regional IIRSA Norte (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana).
La fiscal provincial Diana Canchihuamán, del equipo especial Lava Jato, presentó ante el Poder Judicial la acusación contra el exmandatario por su participación en el proceso de concesión de los tramos del Eje Multimodal Amazonas Norte entre 2003 y 2005.
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La medida también alcanza a Sergio Bravo, entonces presidente del Comité de ProInversión en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos; Alberto Pasco-Font, José Ortiz, Glodomiro Sánchez y David Lemor, miembros del Consejo Directivo de ProInversión; René Cornejo, director ejecutivo de ProInversión; Aldo Bresani, jefe de operaciones; y Vicente Campodónico, coordinador técnico sectorial de Asuntos Viales.
De acuerdo con la Fiscalía, Kuczynski utilizó su cargo como ministro de Economía y presidente del Consejo Directivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) entre 2004 y 2005 para mantener reuniones con Jorge Barata, exdirector de Odebrecht en Perú, con el propósito de beneficiar los intereses de la constructora.
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El Ministerio Público sostiene que ese beneficio se reflejó en la adjudicación de la buena pro y la firma del contrato de concesión en perjuicio del Estado. Según el requerimiento fiscal, el daño económico para el país ascendió a US$ 108 439 773,97.
La Fiscalía requiere ocho años y medio de cárcel para Kuczynski y Ortiz, y nueve años para los demás imputados. “Se trata de la acusación número 31 que presenta el Equipo Especial Lava Jato para el respectivo control de legalidad; un trabajo que ratifica el firme compromiso del Ministerio Público en la persecución del delito”, informó la institución.
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Juicio
En septiembre pasado, la Corte Superior Nacional de Justicia ordenó que Kuczynski vaya a juicio por presunto lavado de dinero al supuestamente haber recibido sobornos de Odebrecht encubiertos en forma de consultorías mientras era ministro del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006).
El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dispuso que el caso pase a la etapa de juicio y que el exmandatario sea formalmente acusado por este delito tras dictaminar el fin de la investigación que ha desarrollado la Fiscalía desde diciembre de 2017.

Kuczynski, de 86 años, continúa sin poder salir del país tras haber pasado tres años bajo arresto domiciliario en su vivienda en Lima, alejado de su esposa, la estadounidense Nancy Lange.
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El caso se inició al conocerse que el exgobernante pudo haber recibido sobornos bajo la fachada de consultorías realizadas a Odebrecht por la empresa Westfield Capital que compartía con su socio, el chileno Gerardo Sepúlveda, en momentos donde PPK era ministro de Toledo, quien ha sido condenado por recibir sobornos de Odebrecht.
La Fiscalía solicita, en esta causa, una condena de 35 años de prisión para Kuczynski y para Sepúlveda, así como una reparación civil que alcanza casi 46,7 millones de dólares. En caso de ser condenado, el exmandatario evitaría la cárcel por su avanzada edad.
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