El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, impulsa un proyecto de ley que busca eximir de responsabilidad penal a los miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que utilicen sus armas “en defensa del orden constitucional” durante protestas en las que manifestantes bloqueen el acceso a activos críticos del Estado, como carreteras y aeropuertos, hechos que coinciden con lo ocurrido en los años 2022 y 2023.
Según el congresista de Fuerza Popular, esta iniciativa ya fue presentada ante el Congreso desde el mes de octubre de este año, e incluye una disposición transitoria para que la exoneración de culpa también se aplique a los agentes de la PNP y del Ejército que participaron de las acciones de represión en Juliaca en febrero del año 2023, y en otros eventos que resultaron en un total de 50 personas asesinadas durante las manifestaciones que siguieron a la detención y vacancia del expresidente Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre del 2022 luego de un intento de autogolpe de Estado.

Rospigliosi calificó como una “persecución política” las investigaciones abiertas contra más de 1.300 efectivos policiales, indicó en contacto con la prensa. El parlamentario fujimorista también consideró una injusticia que los agentes de la PNP y el Ejército estén actualmente en medio de procesos de indagación para determinar su responsabilidad por el asesinato de estos manifestantes en el sur del Perú.
Durante un homenaje parlamentario a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, Rospigliosi enfatizó la necesidad de reconocer oficialmente el papel de estas instituciones en la defensa de la democracia frente a intentos de instaurar una dictadura.
El congresista sostuvo que “las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional estuvieron del lado del Perú, del lado de los derechos humanos de todos los peruanos, y salvaron al país de esta atroz dictadura”, en referencia a la crisis del siete de diciembre de 2022.

El proyecto de ley establece que los agentes del orden no serán responsables penalmente cuando utilicen sus armas de manera legítima para enfrentar ataques violentos contra infraestructuras críticas, como aeropuertos, carreteras o edificios públicos y privados. Rospigliosi explicó a Canal N que la propuesta busca “evitar que ellos sigan siendo torturados con una persecución inacabable”, y calificó de “absolutamente injusto” y “violatorio de los derechos humanos” el procesamiento de policías y militares por su actuación en defensa del orden.
El congresista criticó la estrategia de la fiscalía, que, según él, primero convoca a los efectivos como testigos y luego los involucra como acusados. “No puede ser que aquellos que defendieron el orden constitucional… sean hoy día perseguidos por la fiscalía”, afirmó, rechazando que estas investigaciones se consideren procesos penales ordinarios.
Rospigliosi a favor de desactivar el Eficavip
En relación con la desactivación de equipos especiales de investigación anunciada por el titular del Ministerio Público, el fiscal Tomás Gálvez, Rospigliosi manifestó a Canal N que la medida le parece adecuada, pero insistió en que debe incluir la clausura del Equipo Especial de Fiscales para casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip), un equipo compuesto por más de setenta y cuatro fiscales y funcionarios que, según su apreciación, se dedica exclusivamente a investigar a policías y militares.

“El Eficavip tiene más de setenta y cuatro fiscales y funcionarios persiguiendo solamente a policías y militares, mientras los que provocaron los disturbios… no los persigue nadie”, sostuvo el parlamentario.
Rospigliosi también reiteró su postura crítica hacia algunos candidatos presidenciales que, a su juicio, han ofrecido indultar o beneficiar a expresidentes implicados en hechos polémicos, mencionando específicamente a Pedro Castillo, aunque sin detallar agrupaciones políticas.
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