Un megaoperativo realizado en diversas zonas de Lima Este derivó en el allanamiento de 13 inmuebles y la detención de doce personas acusadas de integrar una presunta organización dedicada al cobro ilícito de coimas por más de un millón de soles en la Municipalidad de Ate.
De acuerdo con fuentes del Ministerio Público, la intervención coordinada arranca tras denuncias de empresarios y conductores afectados por cobros exigidos a cambio de evitar multas y sanciones en el ámbito del transporte público.
La investigación, liderada por el fiscal provincial Richter Rengifo Ramírez del Segundo Despacho de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Este, reconstruye el funcionamiento de la presunta organización desde el año 2024.
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Según el coronel PNP José Manuel Cruz Chamba, a cargo de la División de Investigación de Crimen Organizado, los involucrados “utilizaban información sobre infracciones administrativas para exigir pagos bajo amenaza de enviar las unidades al depósito o aplicar sanciones”.
Parte de la estructura operativa se habría integrado con personal de fiscalización adscrito a la Municipalidad de Ate, señalado como eje del esquema de captación de dinero ilícito.
El operativo de la PNP se ejecutó simultáneamente en 10 inmuebles ubicados en Ate, dos en Chosica y en las oficinas de la Subgerencia de Tránsito, Transporte y Vialidad del municipio.
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La procedencia y el destino del dinero se rastrea a partir de transferencias directas y operaciones a través de aplicativos digitales, como Yape y Plin.
En cada intervención se decomisó evidencia clave: equipos, documentación financiera y registros de movimientos que deberían permitir esclarecer la ruta del dinero y los niveles de participación.
A la par, las autoridades señalaron que los pagos ilícitos habrían generado más de S/1 millón en beneficios no declarados entre 2024 y 2025.
Deslinde de la ATU
La noticia del operativo generó pronunciamientos inmediatos. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) difundió un comunicado descartando cualquier relación laboral o contractual con los detenidos.
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Según la ATU, ninguno corresponde a personal propio o inspectores de la institución, sino a trabajadores contratados y acreditados exclusivamente por la Municipalidad de Ate bajo criterios de esa administración local.
Además, la ATU explicó que mantiene un convenio de cooperación interinstitucional con la municipalidad para fortalecer la fiscalización, que se limita a capacitación y acreditación del personal municipal.
Las acreditaciones de los involucrados quedaron canceladas de manera definitiva, con lo que se les impide participar en cualquier actividad de fiscalización.
El comunicado también enfatizó que ninguna oficina de la ATU fue objeto de allanamiento y que todo el operativo se desarrolló en viviendas de los investigados y dependencias municipales.
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La Fiscalía manifestó que la operación permitió “asegurar elementos de prueba, dispositivos electrónicos y registros contables” cuya revisión alimentará la próxima etapa de diligencias.
Las investigaciones iniciales atribuyen a la presunta red criminal la obtención sistemática de altos ingresos mediante esquemas de extorsión y pagos digitales de rápida trazabilidad.
En la fase de recopilación de información y análisis financiero, los equipos a cargo de la investigación aseguraron la confidencialidad del testimonio de denunciantes y la cadena de custodia de la evidencia.
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