“Entregué un país estable y no renuncié porque hubiera sido irresponsable”: Dina Boluarte pide ser juzgada con contexto

Exactamente tres años después de llegar al poder el 7 de diciembre de 2022, tras el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo y apenas dos meses después de ser destituida por el Congreso, la ex presidenta publica una columna en Infobae donde reivindica su decisión de no renunciar, subraya la estabilidad económica alcanzada y reclama que su gestión sea evaluada con el contexto completo de la crisis que heredó.

El texto sale a la luz cuando Perú ya tiene a José Jerí como presidente interino y cuando la Fiscalía avanza en al menos cuatro investigaciones penales contra la exmandataria. Boluarte elige la fecha simbólica del 8 de diciembre para romper el silencio y presentar su paso por el Ejecutivo como un acto de contención frente al riesgo de ruptura institucional.

La llegada al poder y la crisis inmediata

Boluarte recuerda que llegó al cargo sin partido, sin bancada y sin operadores políticos. Afirma que cada medida se tomó bajo una hostilidad nunca vista en democracia y que gobernó “caminando sobre un terreno minado”. Subraya que no tuvo los amortiguadores habituales que protegen a cualquier Ejecutivo y que, aun así, impidió que la polarización derivara en fractura definitiva.

En su relato, la traición fue cotidiana: exaliados que priorizaron la conveniencia personal y sectores que, en vez de defender las instituciones, apostaron por la desestabilización como estrategia de supervivencia. Reconoce errores de escucha y comunicación, pero los enmarca en una crisis múltiple que hacía imposible prever todas las reacciones.

La cara visible y la labor silenciosa

Mientras los titulares se centraban en las protestas en búsqueda de justicia y los choques en el Congreso, Dina Boluarte pone el foco en el esfuerzo de fondo que, a su juicio, evitó que el país se hundiera en un pozo más profundo. Habla de un trabajo meticuloso, lejos de los focos, que mantuvo a flote las finanzas públicas y evitó que la tormenta política arrastrara el resto de la economía. Entre sus puntos clave, resalta cómo se blindó la solidez de las cuentas nacionales para no perder el estatus de destino confiable para el dinero foráneo. También menciona que se evitó el estancamiento de obras grandes en carreteras, puertos y protección de ríos y bosques, todo en un escenario donde el caos parecía dominar cada día.

Esta labor, según su versión, incluyó medidas para que los inversores vieran en Perú un lugar predecible, pese a las dudas que generaba la inestabilidad interna. Boluarte insiste en que estas acciones técnicas, a menudo ignoradas, permitieron que el país no cayera en una espiral de deudas impagables o paralización total de planes a largo plazo.

¿Por qué nunca contempló la renuncia?

En su columna, Boluarte menciona que, pese a la baja aprobación y la presión en las calles, renunciar no fue una alternativa; calificó esa salida como popular pero irresponsable en el contexto de crisis. Sostiene que su decisión respondió a la defensa de la continuidad estatal y que el abandono del cargo habría facilitado salidas desde la confrontación, no desde la legalidad. Pide que su periodo sea evaluado considerando el panorama que afrontó y el riesgo de ruptura institucional que, según su versión, pudo contener.

Sin embargo, el 10 de octubre de 2025 el Congreso la destituyó con 121 votos a favor de la vacancia por “incapacidad moral permanente”, el mismo artículo constitucional que permitió su llegada al poder tras la salida de Pedro Castillo.

Actualmente, la Fiscalía de la Nación mantiene abiertas al menos cuatro carpetas en su contra: una por presunto homicidio calificado y lesiones graves en agravio de las 50 víctimas mortales registradas durante las protestas de diciembre de 2022 a marzo de 2023; otra por enriquecimiento ilícito y omisión de funciones relacionada con los relojes Rolex y joyas de alta gama no declarados; una tercera por organización criminal en el caso “Los Waykis en la sombra”; y una cuarta vinculada al presunto tráfico de influencias de su hermano Nicanor Boluarte, quien permanece con prisión preventiva desde mayo de 2025.

Encuestas finales como la de Ipsos (septiembre 2025) le otorgaban apenas un 4 % de aprobación, y para la mayoría de peruanos su periodo queda asociado principalmente al saldo luctuoso de las manifestaciones, al distanciamiento de sus antiguos aliados de izquierda y derecha, y a los escándalos de corrupción, más que a los indicadores macroeconómicos que ahora destaca como su principal legado.