La suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, denunció que su reciente inhabilitación por 10 años aprobada por el Congreso constituye un intento por amedrentar a los fiscales y debilitar la autonomía del Ministerio Público. En conferencia de prensa, señaló que la medida aprobada por el Parlamento envía un “mensaje directo” para intimidar a quienes ejercen funciones dentro de la institución.
Espinoza afirmó que la decisión parlamentaria confirma un escenario de interferencia política en el sistema de justicia. “Nuestro Ministerio Público terminó de ser tomado”, declaró, al acusar a los legisladores que respaldaron la inhabilitación de haber cometido “una fechoría tras otra”. También manifestó que continuará ejerciendo acciones legales para revertir lo que considera una vulneración a la institucionalidad democrática.
Críticas al Congreso y al Poder Judicial
Durante su pronunciamiento, Espinoza cuestionó duramente la actuación de los congresistas que solicitaron y respaldaron la reconsideración que permitió aprobar su inhabilitación en una segunda votación. Según dijo, estos buscaron acelerar el proceso pese a una orden judicial que había dispuesto detener un procedimiento disciplinario en su contra. “No sería raro que apresuren yendo contra la orden judicial… simplemente por no haber obedecido sus órdenes de despojarme del cargo”, afirmó.
La fiscal también dirigió críticas al Poder Judicial y, en particular, a su presidenta, Janet Tello, a quien reprochó por no pronunciarse públicamente sobre el caso. Espinoza asegura que el “silencio total” de Tello afecta la transparencia institucional. “El Poder Judicial también sigue manteniendo un silencio que no le hace bien a la democracia”, sostuvo.
“Para que los fiscales tengan miedo”
Espinoza aseguró que la decisión del Congreso busca generar temor entre los integrantes de la Fiscalía. “Esto es para que tengan miedo, para que no reaccionen… no por mí, sino por la institucionalidad y la autonomía del Ministerio Público”, manifestó al explicar que su caso representa un precedente que podría impactar a otros fiscales en ejercicio.
Pese a la medida en su contra, reiteró que se considera la “legítima fiscal de la Nación”, aun cuando el cargo es ejercido de manera interina por Tomás Gálvez. También cuestionó la posibilidad de que la Junta de Fiscales Supremos designe a otro titular, lo que, según afirmó, sería una forma de “convalidar la inconstitucionalidad” de la actuación parlamentaria.
Detalles de la votación e implicancias legales
El Pleno del Congreso aprobó la inhabilitación luego de aceptar dos solicitudes de reconsideración, tras un primer intento fallido que no alcanzó los votos requeridos. En la primera votación, el pedido obtuvo 63 de los 68 votos necesarios, por lo que la denuncia fue inicialmente archivada. Sin embargo, una nueva votación permitió aprobar la medida con 71 votos a favor, 19 en contra y tres abstenciones.
La decisión se basa en el informe final que atribuye a Espinoza presuntos delitos de abuso de autoridad, usurpación de funciones, falsedad genérica y prevaricato, además de señalar que no acató la Ley 3210, que devolvía a la Policía Nacional la facultad de realizar investigaciones preliminares. Espinoza, por su parte, anunció que presentará una acción de amparo ante el Poder Judicial y una serie de denuncias por supuestas infracciones constitucionales.
Delia Espinoza exige un millón de soles
Delia Espinoza confirmó que presentó una querella contra el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, debido a los constantes agravios públicos y a su negativa a rectificarse. En declaraciones a Infobae Perú, la suspendida fiscal de la Nación informó que ha solicitado una reparación civil de un millón de soles y adelantó cuáles serían los fines destinados para dicho monto.
“Tuvimos que volver a mandar una segunda carta notarial porqueprimero me había tildado de aliada del terrorismoy de economías ilegales, y luego, cuando me dijo por primera vez que era desquiciada. […] No se rectificó. Se presentó la querella ante el Poder Judicial, ante la Corte Suprema, por el rango que tiene el señor”, precisó en conferencia de prensa.
Espinoza señaló que será el juez quien determine la pena correspondiente, pero aseguró estar convencida de que “se va a ganar ese caso”. Añadió que su denuncia busca que “este señor aprenda a lavarse la boca antes de hablar de una dama o de cualquier persona”, recordando que nunca le faltó el respeto al presidente del Congreso. También precisó que la reparación civil de un millón de soles solicitada será destinada íntegramente al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, en beneficio de los niños y adolescentes en tratamiento contra el cáncer.
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