
El vocero de Somos Perú, Guillermo Aliaga, reafirmó su rechazo a cualquier intento de reincorporar a los mineros excluidos del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), en un contexto marcado por el inminente debate en el Congreso sobre la prórroga del proceso de formalización. La propuesta legislativa, impulsada por la Comisión de Energía y Minas, plantea ampliar el Reinfo hasta el 31 de diciembre del 2027 y evaluar la reincorporación de quienes fueron retirados por incumplir requisitos mínimos, lo que beneficiaría a más de 50.000 actores del sector.
“El Congreso no debe retroceder en la exclusión de los que no cumplen requisitos. Esperamos que en las próximas horas se tome a bien recoger la demanda de un sector que realmente quiere la formalización minera. Creo que el Estado no debe suspender sus labores de fiscalización, muy por el contrario, la debe incentivar”, sostuvo en diálogo con Infobae.
Asimismo, mencionó que se debe exigir que todos los sujetos de formalización sinceren el número real de trabajadores que tienen, debiendo ponerlos en planilla, si es que desean mantener una vigencia, “en aras de poder identificar a quienes realmente quieren formalizarse y poder separarlos de aquellos que no tienen una real intención de hacerlo”.
“Luego de 13 años podemos decir que el régimen especial de formalización no ha sido un éxito; de hecho, se aleja mucho. No podemos desconocer que la intención fue buena, integrar a la formalidad a aquellos mineros que hacían minería sin estar dentro de la legalidad. Sin embargo, muchos alegan que no tienen acceso a obtener contratos de explotación, dado que muchos trabajan en concesiones mineras que no les son propias”, agregó.

Aliaga recordó que el presidente ya ha definido su postura en contra de que el Estado claudique “en su labor de fiscalización” y que recién desde este año el registro tuvo un primer avance al depurar “a aquellas personas que no cumplían con compromisos mínimos en el último año”.
Como se sabe, la iniciativa será debatida y sometida a votación esta semana en el Pleno, tras tres semanas de haber sido aprobada en comisiones. Ha sido priorizada en la agenda parlamentaria por la Junta de Portavoces, en medio de intensas protestas de mineros artesanales y un clima de polarización en el Parlamento.
El dictamen contempla, además de la prórroga hasta el 2027 y análisis de la reincorporación, la suspensión de trámites de exclusión —con excepciones precisas—, un Censo Nacional para la MAPE (minería artesanal y de pequeña escala) y un plazo de 60 días para que los gobiernos regionales transfieran documentación clave.
A nivel nacional, la Confemin demanda la prórroga y enfatiza que la formalización avanza a paso extremadamente lento: “De los 31.457 mineros en proceso, solo ocho se han formalizado este año. La capacidad actual es insuficiente para cumplir la meta en un periodo razonable”, advirtió Máximo Franco Bequer, presidente del gremio.
Paralelamente, organizaciones como la Red Muqui y el Observatorio de Minería Ilegal (OMI) alertaron sobre los riesgos de reincorporar masivamente a mineros excluidos, señalando que puede convertirse en un “escudo para la minería ilegal” y profundizar el deterioro ambiental y social. Nury García, coordinadora del Grupo Mape en la Red Muqui, advirtió: “La reincorporación masiva puede facilitar que operadores sin actividad real utilicen el Reinfo para evadir controles y debilitar el proceso de formalización”.
Mientras tanto, el Observatorio de Minería Ilegal exigió al Parlamento archivar la norma y defendió que las reiteradas ampliaciones han desnaturalizado el objetivo del Reinfo, permitiendo la inscripción de redes ilegales, titulares ficticios y operadores en zonas intangibles. Subrayan que menos del 2% de los más de 80.000 inscritos ha logrado formalizarse, con la mayoría operando sin radares, ni comunicación por radio, y sin cumplir los estándares ambientales ni legales básicos.
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