MIDIS lanza convocatoria para su nuevo Programa de Alimentación Escolar 2026 tras escándalo de Qali Warma: ¿Y las empresas con antecedentes?

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) -exQali Warma- del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) anunció el inicio de la Convocatoria Pública para el Proceso de Contratación 2026, dirigido a proveedores interesados en suministrar alimentos a más de 4,2 millones de escolares de 67.000 instituciones públicas en todo el país.

Este proceso es fundamental para garantizar la distribución de alimentos nutritivos y de calidad, elemento clave en la política nacional contra la anemia, el sobrepeso y la obesidad infantil, luego de la desaparición del anterior programa debido a múltiples denuncias de corrupción e intoxicación por alimentos en mal estado y carne de caballo, lo que derivó en su reemplazo por Wasi Mikuna en 2024. La extinción de Wasi Mikuna fue oficializada en abril de 2025 para dar paso al PAE, que iniciará operaciones en 2026.

MIDIS: PAE 2026, exQali Warma, exige estándares más altos y transparencia en contratación

La convocatoria quedó formalmente abierta este martes 2 de diciembre, según informó el PAE. Desde hoy, los interesados podrán acceder a la difusión de las bases y registrarse como postores a través de su página web.

El calendario establecido detalla que las consultas y observaciones al proceso podrán ser presentadas el jueves 4 y viernes 5 de diciembre, y serán absueltas en forma oficial los días 10 y 11. Las bases integrarán los aportes recibidos y serán publicadas entre el 12 y el 15 de diciembre. La presentación de propuestas técnicas y económicas ha sido programada para el 16 y 17 del mismo mes.

De acuerdo con el comunicado del PAE, el cronograma prevé luego una etapa de evaluación y calificación de propuestas, culminando con la adjudicación, notificación, y, si corresponde, el periodo de impugnaciones y resolución de controversias.

El nuevo programa de alimentación subraya que, bajo el nuevo modelo de adquisición, se establecen reglas claras para la participación del mercado y se promueve una competencia transparente y equitativa.

MIDIS busca recuperar confianza en alimentación escolar tras crisis: ¿Y las empresas sancionadas?

Uno de los requisitos más estrictos del proceso es que no podrán inscribirse empresas que hayan ocasionado afectaciones a la salud en el pasado, estableciendo así un filtro sanitario indispensable en la protección de los estudiantes.

Además, solo podrán postular aquellas empresas inscritas en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). El objetivo es asegurar que solo los oferentes responsables, con historial positivo y sin antecedentes negativos en salud pública, puedan concursar por los contratos.

En cuanto a la transparencia y control, el proceso contará con la supervisión de instituciones clave como la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y el Ministerio de Salud a través de DIGESA.

Estas entidades verificarán el cumplimiento de los requisitos en todas las etapas, desde la preselección hasta la formalización de contratos. Así, se busca maximizar la vigilancia y minimizar los riesgos de irregularidades en un procedimiento que involucra recursos públicos vitales para la infancia.

Contraloría y Ministerio Público supervisarán proceso de selección de alimentos del PAE

Para elevar los estándares de calidad, el nuevo PAE utilizará fichas técnicas desarrolladas y validadas por Perú Compras. Estas definen las especificaciones nutritivas exigidas para cada alimento, con el fin de garantizar un menú balanceado que impulse el rendimiento físico e intelectual de los estudiantes y “fortalezca el combate a la anemia, el sobrepeso y la obesidad”, según el comunicado.

Además, uno de los propósitos centrales es cubrir las necesidades nutricionales específicas mediante insumos seleccionados y controlados bajo rigurosos parámetros de salud, de acuerdo con el PAE.

De esta manera, el MIDIS busca lavarle la cara a su programa de alimentación para escolares de todo el país, tras el escándalo de Qali Warma, cuyos operadores continúan siendo investigados por presuntos delitos de corrupción, y luego de varios casos de intoxicación de niños que consumieron alimentos en sus respectivas instituciones, como los ocurridos en Piura y Amazonas.