REINFO pesquero: Fuerza Popular acelera blanqueamiento de 2.000 embarcaciones ilegales antes de entregar el Congreso

El posible ingreso a aguas peruanas de más de 2.000 embarcaciones artesanales construidas fuera del marco legal ha tomado un nuevo impulso en el Congreso de la República tras el respaldo de la bancada de Fuerza Popular.

De acuerdo con fuentes de Infobae Perú, el objetivo es acelerar el debate del Proyecto de Ley N.° 14212/2025-CR, impulsado por el congresista José Pazo Nunura (Somos Perú), antes de que el recambio parlamentario y la transición a un Congreso bicameral en julio de 2026 obliguen a reiniciar el trámite legislativo.

El REINFO pesquero gana aliados en el Congreso

En la sesión de la Comisión de Producción celebrada el pasado lunes 1 de junio, la congresista Maricruz Zeta Chunga facilitó el ingreso de dirigentes de pescadores artesanales para solicitar, ante los miembros de la comisión, la priorización del predictamen de la iniciativa. Posteriormente, la legisladora publicó en sus redes sociales:

“Hoy gestionamos el ingreso de mis hermanos pescadores artesanales Alexander José Eche Chunga, Claudio Pazo Álvarez, Pedro Huamayalli Oliva, Roberto Chapilliquén Ruiz y Román Paiva Eche a la Comisión de Producción, donde solicitaron priorizar el predictamen del Proyecto de Ley N.° 14212/2025-CR, que busca fortalecer la formalización de las embarcaciones pesqueras artesanales y brindar seguridad jurídica a miles de pescadores”, expresó.

La congresista anunció que, tras la gestión, se programó una sesión extraordinaria de la comisión para el 9 de junio a las 10:00 a. m., instancia en la que se espera avanzar con la propuesta.

Tanto la congresista Zeta Chunga como el autor del proyecto, Pazo Nunura, son naturales de Piura, región donde la provincia de Sechura se ha convertido en el epicentro de la proliferación de astilleros informales.

El propio Pazo Nunura ha sido señalado en informes previos por vínculos familiares con el negocio de la construcción y operación de embarcaciones en el norte del país.

Fuerza Popular y Piura, motores de la presión legislativa

El proyecto busca reabrir una ventana de formalización para naves que quedaron fuera de los procesos previos, especialmente el SIFORPA II (Sistema de Formalización Pesquera Artesanal), implementado entre 2018 y 2023.

El SIFORPA II estableció reglas estrictas para la regularización de la flota artesanal: acreditación física, inspecciones técnicas, matrícula y cumplimiento de plazos.

Solo las embarcaciones existentes antes de 2018 pudieron intentar formalizarse. Aquellas que no cumplieron los requisitos quedaron fuera del proceso y no pueden operar legalmente.

Desde 2015, la construcción de nuevas embarcaciones artesanales está prohibida en el país, salvo reemplazo por siniestro o antigüedad, con base en estudios del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) sobre el sobredimensionamiento de la flota y la sobreexplotación de especies como pota y perico.

Esta restricción, reforzada por el Código Penal desde 2024, define como delito ambiental la construcción y modificación de naves sin autorización.

Un debate repetido: rechazos previos y cambio de postura en PRODUCE

Es la tercera vez que el congresista Pazo Nunura intenta impulsar una norma de este tipo; las dos anteriores fueron rechazadas por el Ministerio de la Producción (PRODUCE), la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) y el IMARPE, debido al riesgo para la sostenibilidad de especies ya plenamente explotadas.

No obstante, el Ministerio de la Producción cambió su postura y, mediante el Oficio N.° 00000591-2026PRODUCE/SG, declaró el proyecto como “viable con observaciones”, pese a que en marzo de este año había considerado “no viable” una propuesta similar del congresista Jorge Marticorena.

Organismos medioambientales como Oceana Perú y gremios industriales como la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) coinciden con especialistas en que la reapertura de procesos excepcionales para formalizar embarcaciones irregulares no debería ser viable.

Advierten que estas medidas incentivan la informalidad, premian a quienes incumplieron la ley y agravan la sobreexplotación de especies totalmente explotadas desde 2021. El resultado de la sesión extraordinaria del 9 de junio será decisivo para el futuro de la política de formalización de la flota artesanal en el país.