El presidente José Jerí invocó al Congreso aprobar el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, que busca facultar a las Fuerzas Armadas a resguardar las fronteras del país en el marco de una ofensiva integral contra la criminalidad organizada, el tráfico ilegal de personas y la inseguridad que azota las zonas limítrofes. La iniciativa, remitida bajo el carácter de “muy urgente” y actualmente en revisión por la Comisión de Constitución, forma parte de un paquete de medidas que el Gobierno plantea para “cambiar la historia lamentable de nuestras fronteras” tras décadas de abandono estatal.
“Estas medidas van a contribuir a darle seguridad, presencia del Estado, un resguardo mucho más eficiente y, además, a dinamizar la economía y generar fuentes de trabajo formal”, remarcó Jerí y subrayó que la ausencia del Estado en las fronteras durante los últimos veinticinco años favoreció la expansión de actividades ilícitas.
También destacó que propondrá la apertura a la inversión extranjera dentro de los cincuenta kilómetros de frontera, levantando una prohibición histórica que buscaba limitar riesgos geopolíticos, pero que, según el Ejecutivo, ha impedido el florecimiento de industrias y la creación de formalidad en las regiones más postergadas.
¿Qué más dice el proyecto de ley presentado por José Jerí?
El Proyecto de Ley 13280/2025-PE propone delegar al Poder Ejecutivo la facultad de legislar, por un plazo de sesenta días, en seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad organizada, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional. En su exposición de motivos, se señala que la prioridad es “garantizar la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad organizada, así como impulsar la economía responsable y el fortalecimiento institucional en beneficio de la ciudadanía”.
La propuesta otorga al Ejecutivo la posibilidad de modificar leyes clave y dictar nuevas normativas en materia penal, migratoria y de seguridad. Entre los puntos destacados se incluye la capacidad de:
- Modificar el Código Penal y Procesal Penal para fortalecer sanciones contra extorsión, resistencia a la autoridad, minería ilegal y delitos relacionados con la criminalidad organizada.
- Facultar el control militar en zonas fronterizas, incluyendo la creación de un subsistema especializado contra la extorsión y delitos conexos, y el aumento de penas por tenencia ilegal de armas.
- Actualizar normativas sobre apatridia y refugio, reforzando filtros para evitar el uso fraudulento de la figura del refugiado y regulando el estatuto de la persona apátrida según estándares internacionales.
- Impulsar la formalización y control migratorio, dotando de nuevos instrumentos a la Superintendencia Nacional de Migraciones para la detección y expulsión efectiva de personas extranjeras con antecedentes delictivos.
- Promover la inversión formal y la infraestructura, habilitando la inversión extranjera en la franja de cincuenta kilómetros de frontera y actualizando normativas sobre transporte, telecomunicaciones y concesiones eléctricas para elevar los estándares de seguridad en áreas sensibles.
El proyecto de ley también abarca modificaciones profundas en las reglas de detención y procesamiento de delitos como extorsión, sicariato, tráfico de recursos minerales ilegales y delitos informáticos. Destacan, entre otras medidas:
- Reducción del plazo para la destrucción de armas incautadas de tres a un año, evitando que vuelvan a circular en redes criminales.
- Mayor control judicial sobre los beneficios penitenciarios para condenados por delitos graves.
- Creación de registros unificados de titularidad financiera para combatir el lavado de activos.
- Establecimiento de normas para la validación automática de identidades a nivel migratorio y el control de llamadas ilícitas y dispositivos móviles.
- Implementación de mecanismos excepcionales para la declaratoria de emergencia y la garantía de prestación de servicios esenciales, como el transporte, en zonas afectadas por crisis de seguridad o desastres.
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