Poder Judicial decidirá el futuro de Víctor Polay Campos: ¿el líder del MRTA quedará libre o seguirá en prisión?

La Sala Penal Nacional del Poder Judicial programó una audiencia para revisar el requerimiento fiscal de prisión preventiva contra Víctor Polay Campos, quien permanece recluido en la Base Naval del Callao desde hace más de tres décadas. La diligencia definirá si el fundador del MRTA continúa privado de su libertad mientras se desarrollan las investigaciones por una serie de homicidios atribuidos a la organización en los años de violencia política.

El pedido surge a pocas semanas de que se cumpla la condena que Polay recibió por delitos de terrorismo, lo que genera un nuevo escenario judicial alrededor de su situación legal. La Fiscalía estima que aún existen elementos pendientes por diligenciar dentro del caso “Las Gardenias” y que mantenerlo bajo custodia resulta necesario para evitar interferencias en el avance de la causa.

¿Qué implica la audiencia programada?

La audiencia convocada por el tribunal será determinante porque evaluará si los elementos presentados por la Fiscalía cumplen los requisitos legales para aplicar prisión preventiva. Se revisarán las evidencias vinculadas a la gravedad de los hechos investigados, el tiempo transcurrido desde la comisión del delito y la necesidad de garantizar la continuidad del proceso sin riesgos de fuga u obstrucción.

La defensa de Polay, por su parte, cuestionará la proporcionalidad de la medida e insistirá en que las investigaciones pueden continuar con restricciones menos severas. También alegará que el investigado ya cumplió una extensa condena y que mantenerlo detenido bajo un nuevo proceso atentaría contra el principio de legalidad. El tribunal deberá ponderar ambas posiciones antes de resolver.

¿Qué comprende el caso “Las Gardenias”?

El Ministerio Público incorporó en este expediente la presunta responsabilidad de Polay en la masacre ocurrida en un inmueble conocido como Las Gardenias, en la región San Martín, además de otros crímenes atribuidos a la estructura del MRTA. Según el medio Correo, la acusación incluye homicidio calificado y terrorismo agravado, delitos cuya pena supera los 20 años de cárcel y que, según la tesis fiscal, contarían con sustento en la organización jerárquica que operaba en ese periodo.

El requerimiento señala que la estructura del grupo habría ordenado ataques contra civiles bajo la lógica de control territorial en zonas estratégicas del país. Los documentos fiscales refieren testimonios y reportes de inteligencia que vinculan la cadena de mando con decisiones operativas que habrían derivado en muertes selectivas. Estos elementos serán revisados por la Sala Penal Nacional durante la audiencia.

¿Por qué la Fiscalía alega riesgo de fuga?

La Fiscalía sostiene que existen factores que justificarían la imposición de la prisión preventiva. Entre los argumentos figura la proximidad del vencimiento de su actual condena, lo que, según la tesis fiscal, podría motivar un intento por eludir la justicia. También se mencionan antecedentes históricos relacionados a una fuga en los años noventa, punto que los fiscales consideran relevante para evaluar el comportamiento procesal.

Otro factor mencionado es la presencia de personas investigadas en el extranjero, lo que, para el Ministerio Público, podría facilitar redes de apoyo externas. Además, la Fiscalía señala que Polay no cuenta con arraigo suficiente para asegurar su permanencia en territorio nacional durante las diligencias. Estos elementos deberán ser analizados por los magistrados antes de emitir una decisión.

¿Qué escenarios se abren para los próximos meses?

Si el tribunal acepta el pedido fiscal, Polay continuaría en prisión bajo la medida cautelar mientras la Fiscalía desarrolla diligencias adicionales, toma declaraciones pendientes y revisa evidencias complementarias. Este escenario también permitiría ampliar requerimientos o realizar actos de investigación sin el riesgo de interferencias, según la postura del Ministerio Público.

Si el pedido es rechazado, el tribunal podría imponer comparecencia con restricciones, impedimento de salida del país u otras medidas previstas en la ley. Cualquiera de esos caminos abrirá la posibilidad de apelaciones o nuevos requerimientos por parte de ambas partes. La resolución marcará el desarrollo del proceso y definirá el marco en el que continuará la investigación en los próximos meses.