
La Comisión Permanente del Congreso de la República debatirá y votará este jueves 20 de noviembre el informe final que propone inhabilitar por 10 años de la función pública al expresidente Pedro Castillo por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
El informe final también propone la misma sanción para la expremier Betssy Chávez y el exministro del Interior Willy Huerta. Este documento había sido aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el 7 de noviembre.
En dicha sesión 10 congresistas respaldaron la inhabilitación: Lady Camones, Jorge Montoya, Ana Zegarra, Karol Paredes, Arturo Alegría, Martha Moyano, Patricia Juárez, María Acuña, Patricia Chirinos (quien expresó reservas) y Elvis Vergara.

En contraste, los votos en contra provinieron de los legisladores de izquierda Elías Varas, María Taipe y Pasión Dávila. Durante el debate, los representantes de las bancadas de izquierda defendieron a Castillo y calificaron la propuesta de sanción como una “venganza” política. Además, introdujeron argumentos ajenos a la denuncia constitucional, como la supuesta vacancia y detención irregulares del exmandatario.
Frente a estas intervenciones, la presidenta de la Subcomisión, Lady Camones, defendió la labor de su grupo y rechazó las acusaciones de persecución política. Camones negó la existencia de motivaciones políticas en el proceso y desmintió las afirmaciones de los congresistas de izquierda, subrayando que el juicio político en el Congreso es independiente del proceso penal.
El informe final también aborda la situación del congresista y exministro de Comercio Exterior Roberto Sánchez. Se propone desestimar la denuncia constitucional en su contra, lo que le permite evitar la inhabilitación para ejercer funciones públicas. La justificación radica en la decisión de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que excluyó a Sánchez del proceso penal por el golpe de Estado al declarar fundada su excepción de improcedencia de acción. Los jueces supremos concluyeron que los hechos atribuidos a Sánchez, según la Fiscalía, no configuran el delito de rebelión. De este modo, Roberto Sánchez queda habilitado para postular a la presidencia por su partido Juntos por el Perú.
Niega golpe de Estado
Durante la audiencia de cesación de prisión preventiva, Castillo reiteró que la Fiscalía no ha logrado probar el delito de rebelión que se le imputa. “Yo veo que el representante del Ministerio Público está dando algunos signos de desesperación porque este juicio no ha podido demostrar este delito que se me ha imputado”, afirmó ante el juez supremo César San Martín, presidente de la Sala Penal Permanente.
Esto ocurre a pocos días de que el juicio oral por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 llegue a su fin, el mismo donde la Fiscalía pide para Pedro Castillo una condena de 34 años de prisión.
El proceso penal podría concluir este viernes 21 de noviembre, día en el que se espera que el exmandatario y el policía Jesús Venero Mellado presenten sus últimas declaraciones, mientras que Betssy Chávez no haría su autodefensa debido a que abandonó el juicio tras obtener asilo político de México.
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