El golpista expresidente Pedro Castillo designó irregular e ilegalmente al hoy presidente del Fuero Militar Policial (FMP), el mayor general FAP (r) Arturo Giles Ferrer, según denunció la Fiscalía de la Nación ante el Congreso de la República.
Giles Ferrer fue nombrado vocal supremo del Tribunal Supremo Militar Policial en julio de 2022, a través de la resolución suprema 043-2022-DE suscrita por Castillo y los entonces ministros José Luis Gavidia (Defensa) y Dimitri Senmache (Interior). Luego, en diciembre de 2023, fue elegido presidente del Fuero Militar Policial.
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De acuerdo con la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación Delia Espinoza, la designación del hoy presidente del FMP fue irregular porque no se siguió el procedimiento regular.
Se advierte que Pedro Castillo nombró a Giles Ferrer sin cumplir con la debida evaluación de méritos que exige la Ley del Fuero Militar Policial ni con la previa propuesta del Consejo Ejecutivo de esta institución, tal como lo establece su Reglamento.
Esta misma situación irregular, dice la Fiscalía, sucedió con el general PNP (R ) Roberto Burgos del Carpio, quien fue nombrado vocal supremo del Tribunal Supremo Militar Policial en junio de 2022 mediante la resolución suprema 037-2022-DE.
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Ambos casos fueron denunciados en abril de 2023 por el expresidente de este Fuero, el mayor general FAP (r), José Luis Villavisencio Consiglieri, a través de un oficio al exministro de Defensa Jorge Chávez Cresta.
Subcomisión admite nueva denuncia contra Pedro Castillo
El martes 18 de noviembre, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso admitió a trámite la denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo y los exministros José Luis Gavidia y Dimitri Senmache.
Por la presunta designación irregular de los dos vocales supremos del Fuero Militar Policial se les atribuye el delito de negociación incompatible.
De acuerdo con el informe de calificación, hubo “celeridad y discrecionalidad en los nombramientos por parte de la Presidencia y los ministros de Defensa e Interior”, situación que evidencia “un interés indebido y un posible direccionamiento en las decisiones, lo que constituye un perjuicio no patrimonial a la administración pública”.
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Golpe a la Fiscalía en marcha
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe final que propone inhabilitar por 10 años a los fiscales supremos Delia Espinoza, Zoraida Ávalos, Pablo Sánchez y Juan Carlos Villena.
El informe final también recomienda acusar constitucionalmente a los referidos integrantes de la Junta de Fiscales Supremos por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica.
El hecho que se les atribuye a Espinoza, Ávalos, Sánchez y Villena es supuestamente haber desconocido la Ley 32130, que otorga inconstitucionalmente la investigación preliminar a la Policía Nacional del Perú (PNP).
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Supuestamente, los fiscales supremos aprobaron el Reglamento “Actuación fiscal en la investigación del delito”, que, dicen, contiene disposiciones que van en contra de la referida ley aprobada por el Congreso y validada con una sentencia controversial del Tribunal Constitucional.
El referido Reglamento fue aprobado mediante la resolución 2246-2024-MP-FN, suscrita únicamente por el exfiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena.
En el informe final, elaborado por el congresista conservador Jorge Montoya, se afirma que los cuatros fiscales supremos denunciados habrían aprobado y revisado el Reglamento porque en la primera página de este se menciona “elaborado y revisado” por “fiscales supremos” y “Junta de Fiscales Supremos”, pero no se menciona el nombre de ellos.
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Respaldan el golpe
Votaron a favor del informe final contra los fiscales supremos los congresistas Lady Camones, Jorge Montoya, Martha Moyano, Arturo Alegría, Patricia Juárez, Digna Calle, María Taipe, Patricia Chirinos, Karol Paredes y Ana Zegarra.
Rechazaron la eventual inhabilitación de los miembros de la Junta de Fiscales Supremos los parlamentarios Elías Varas y Pasión Dávila. Las abstenciones vinieron de Francis Paredes y Elvis Vergara.
Ahora, el informe final será debatido por la Comisión Permanente. Si es ratificado en esta instancia, pasará al Pleno del Congreso para la decisión final.
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