IDL y CNDDHH rechazan pedido del congresista José Cueto ante la APCI y advierten intento de “maniobras políticas”

El congresista José Cueto pidió hace unos días a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) evaluar sanciones contra el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), alegando un supuesto uso indebido de fondos de cooperación para pronunciarse sobre la permanencia de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación interino.

La solicitud se sustenta en la reciente modificación de la Ley APCI, cuestionada por organizaciones civiles por ampliar los mecanismos de control administrativo sobre ONG y entidades que reciben cooperación internacional.

La petición del parlamentario ha generado un inmediato rechazo de IDL y la CNDDHH, que consideran que el pedido se dirige a castigar la participación pública de organizaciones dedicadas al control ciudadano. Ambas entidades señalan que su pronunciamiento forma parte de su mandato institucional y está protegido por la Constitución. La solictud se trataba de un nuevo fiscal interino ante los cuestionamientos que pesan sobre Gálvez por el caso “Cuellos Blancos”.

IDL acusa un intento de silenciar críticas

En su pronunciamiento, IDL afirmó que el pedido de Cueto tiene un “tufo antidemocrático”, porque busca emplear la Ley APCI como herramienta para hostigar a organizaciones que cuestionan decisiones del sistema de justicia. Para la institución, se trata de un intento de usar la estructura del Estado para castigar opiniones disidentes y restringir el debate público.

“El congresista Cueto cree que el Perú es un cuartel militar en el que no existen derechos constitucionales”, afirma el comunicado.

IDL recordó que solicitar el nombramiento de un fiscal interino independiente está protegido por tres derechos constitucionales: la libertad de expresión, la participación en asuntos públicos y la facultad de presentar peticiones ante la autoridad. “Son piezas esenciales (de justicia) y bajo ninguna circunstancia pueden ser desconocidos o vulnerados”, señala el documento.

No tiene competencia

Otro punto central del pronunciamiento es el señalamiento a Cueto por pedir algo que la APCI no puede hacer. Según IDL, el congresista pretende que la agencia supervise declaraciones institucionales, cuando su labor se limita a verificar el uso de fondos en proyectos registrados.

“Constatamos que el congresista no lee las leyes que aprueba porque le pide a la directora de la APCI hacer algo para lo cual no tiene competencias”, indica la institución. Por este motivo, el pedido sería ilegal e inconstitucional, pues “intenta convertir a un organismo del Poder Ejecutivo en un mecanismo para amplificar maniobras políticas", precisó.

IDL añade que esta intención se combina con una norma aprobada por el Congreso con fines de control indebido: una “ley anti-ONG” cuyo único objetivo sería “hostigarnos y reprimirnos por cumplir con nuestra labor de fiscalización y denuncia de la corrupción”.

CNDDHH denuncia un intento de deslegitimar

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos respondió que el pedido ante la APCI constituye un intento directo de “deslegitimar y desacreditar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil”, al pretender sancionar un pronunciamiento que forma parte de su labor institucional y no de ningún proyecto financiado por cooperación internacional.

En su comunicado, la CNDDHH subrayó que “la carta enviada sobre el fiscal interino Tomás Gálvez Villegas no forma parte de ningún proyecto ni financiamiento de la cooperación internacional, sino del ejercicio legítimo y autónomo” de defensa de la institucionalidad democrática. La organización enfatizó que la participación cívica en asuntos públicos es un derecho protegido y no puede ser objeto de medidas sancionadoras.

Además, la Coordinadora alertó que la reciente modificación de la Ley APCI está siendo utilizada como herramienta para limitar el control ciudadano y restringir el debate público. Según el pronunciamiento, esta norma “busca acallar las voces críticas frente a investigaciones por presuntos actos de corrupción, como las referidas al caso de los denominados ‘Cuellos Blancos’”.