A pocos metros del puerto del Callao, un inmueble usado como vivienda había sido transformado en un punto de acopio para uno de los negocios ilícitos que más afectan al ecosistema marino. En su interior, agentes especializados de la Policía Nacional del Perú encontraron toneladas de aletas de tiburón listas para salir del país. La intervención reveló la estructura de una red que operaba con apoyo de contactos en el extranjero y que movía cargamentos millonarios desde la costa central.
La operación se inició tras semanas de seguimiento. El objetivo era un grupo que, según las autoridades, actuaba con precisión logística y mantenía vínculos con pescadores locales y proveedores internacionales. Las cajas incautadas contenían aletas secas preparadas para su envío a Asia, donde este producto alcanza precios elevados debido a su demanda como ingrediente culinario. La magnitud del hallazgo confirmó la presión que enfrentan diversas especies de tiburones en aguas del Pacífico oriental.
El general Manuel Lozada detalló que la cifra intervenida superó los registros previos. “Estamos incautando más de seis toneladas de aletas de tiburones de diversas especies completamente prohibidas de pesca”, declaró. También explicó que los pescadores involucrados “cortan solamente las aletas y el cuerpo lo arrojan al mar”, práctica que afecta a especies ya clasificadas en niveles de amenaza. Las autoridades capturaron a tres personas vinculadas a la organización y abrieron una investigación para determinar el alcance de sus actividades.
Desarticulación de ‘Los Aleteros’
A esta intervención se sumó una acción más amplia ejecutada por la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú (DIVINCCOMA). Con apoyo del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos (USFWS) y de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), los agentes incautaron 9.3 toneladas métricas de aletas y detuvieron a tres integrantes de una red criminal transnacional. La cifra convirtió esta operación en una de las mayores registradas en Latinoamérica dentro de este tipo de tráfico.
La intervención confirmó que la red combinaba extracción ilegal, comercio de recursos genéticos y prácticas asociadas a una organización estructurada. El cargamento incluía aletas de tiburón azul, tiburón zorro pelágico y tiburón zorro común, especies con distintos niveles de amenaza. La Policía Nacional del Perú valoró la carga en más de 11.2 millones de dólares dentro del mercado internacional. La investigación estableció que el grupo obtenía las aletas de pescadores ecuatorianos y las declaraba como capturas peruanas para facilitar su tránsito. Tras secarlas y almacenarlas en el Callao, las enviaba a China.
El apoyo internacional cumplió un papel decisivo. El USFWS aportó financiamiento, coordinación y capacitación técnica a los equipos peruanos. Doug Ault, subdirector adjunto del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos, afirmó: “Esta operación demuestra el impacto directo de la cooperación entre Estados Unidos y el Perú para enfrentar el tráfico de vida silvestre y el crimen organizado ambiental, que amenazan los ecosistemas marinos, las economías locales y la seguridad regional”. Agregó que la pesca no declarada, no reglamentada e ilegal pone en riesgo la estabilidad económica y alimentaria de países de toda la región, incluido Estados Unidos.
Prácticas que afectan al ecosistema
Las autoridades describieron el método empleado por los pescadores vinculados al tráfico. Lozada explicó: “Pescan los tiburones, les cortan las aletas y arrojan el cuerpo al agua. No lo benefician, solamente se traen las aletas”. El proceso continúa con el secado y deshidratado antes de la exportación, un esquema que la Policía considera parte de un delito contra los recursos hidrobiológicos.
La demanda internacional se sostiene por creencias populares en torno al consumo de este producto. La sopa elaborada con aleta de tiburón figura entre las más solicitadas en ciertos países asiáticos por supuestos efectos vinculados a la memoria, el apetito y el deseo sexual. Las especies más traficadas pertenecen a las familias de tiburones, réquiem (Carcharhinidae) y martillo (Sphynidae).
Refuerzo institucional y vigilancia marítima
El mismo equipo que lideró la incautación inauguró en octubre un centro Conjunto de Planificación y Coordinación en Chorrillos, financiado por el USFWS. Este espacio busca mejorar la capacidad peruana para aplicar la ley en zonas costeras, fortalecer la supervisión del litoral, ejercer derechos soberanos e impedir la pesca ilegal y el tráfico por vía marítima. Según las autoridades, el objetivo consiste en reducir el margen de acción de organizaciones que operan desde distintos puertos del país.
Estados Unidos reafirmó su compromiso con la seguridad y la prosperidad marítima, consideradas claves para la estabilidad y la resiliencia económica. Para ese gobierno, contrarrestar las actividades ilícitas en el mar y frenar el tráfico marítimo forma parte de su cooperación en seguridad con el Perú.
Panorama global y casos recientes
Según Oceana, en el mundo existen cerca de 400 especies de tiburones, 66 presentes en aguas peruanas. Diversos informes revelan que cada año se sacrifican millones de ejemplares para extraer un recurso que representa solo un pequeño porcentaje del cuerpo del animal. El mercado internacional mueve más de 550 millones de dólares, sin incluir operaciones irregulares. Entre 2012 y 2019, la práctica se multiplicó por diez y el número de tiburones capturados pasó de 76 a 80 millones.
Mongabay Latam identificó que, entre enero de 2021 y junio de 2024, embarcaciones japonesas desembarcaron más de 17 mil kilos de aletas sin autorización. El informe indicó que ninguna autoridad supervisó adecuadamente el procedimiento y que tampoco se inició una indagación fiscal.
Los agentes continúan las diligencias en coordinación con el Ministerio Público. En esta zona del Callao se realizó intervenciones, mientras que tres personas fueron detenidas. El caso permanece en etapa de investigación para esclarecer el alcance de la organización y su posible vínculo con otras redes que operan dentro y fuera del país.
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