A poco menos de un año de las Elecciones Generales 2026, crece la alerta ciudadana y de especialistas en justicia y anticorrupción: congresistas que impulsaron o votaron a favor de leyes calificadas como “pro-crimen” ahora estarían habilitados para integrar el nuevo Congreso bicameral, según un análisis de La República.
Desde el 2021, el bloque conformado por los partidos de Keiko Fujimori, Vladimir Cerrón y sus aliados parlamentarios aprobó normas que, en la práctica, recortaron la colaboración eficaz, limitaron la extinción de dominio, facilitaron la defensa de partidos políticos implicados en delitos, recortaron funciones del Ministerio Público, y debilitaron la persecución penal y el combate a la minería ilegal.
Pese a sus efectos, varios de los impulsores de estas normas podrían buscar una curul en el Senado, en la Cámara de Diputados o en el Parlamento Andino.
¿Quiénes podrían postular a la bicameralidad?
Entre los legisladores con aspiraciones electorales figuran nombres que estuvieron a favor de algunas de estas normas. En el caso de la Cámara de Diputados, podrían postular Elvis Vergara, Alejandro Soto y Alejandro Cavero. Para el Senado se perfilan Eduardo Salhuana, Martha Moyano, Fernando Rospigliosi, Waldemar Cerrón y Patricia Chirinos.
De los 130 congresistas, ocho votaron a favor del total de seis normas cuestionadas: los fujimoristas Ernesto Bustamante, Mery Infantes y Héctor Ventura; José Luna Gálvez y José Arriola (Podemos Perú); Jorge Morante y Héctor Valer (Somos Perú); y Flavio Cruz (Perú Libre).
Ley que acorta los plazos para la colaboración eficaz
La Ley N.º 31990, promulgada el 21 de marzo del 2024, modifica los artículos 473, 476-A y 481-A del Código Procesal Penal y limita a 8 meses —con prórrogas de hasta 12 en casos de crimen organizado— la investigación de aspirantes a colaboración eficaz. Antes, la Fiscalía tenía libertad de plazos para corroborar información.
La propuesta fue inicialmente impulsada por Podemos Perú en 2020, en medio de investigaciones a su líder José Luna Gálvez por presuntamente reclutar miembros del desactivado CNM para favorecer la inscripción irregular de su partido. Su caso se sustenta en parte en la declaración del colaborador eficaz N.° 10102020; sin embargo, Luna Gálvez mantiene su investigación suspendida por inmunidad.
Waldemar Cerrón defendió la norma alegando que busca evitar “abusos” y declaraciones falsas, asegurando que no implica un retroceso, sino “reglas claras”.
Ley que condiciona la extinción de dominio
La Ley N.º 32326, publicada el 9 de mayo de 2024, se originó en el proyecto N.º 03577/2022-CR, presentado por Jorge Morante junto con legisladores como Rosangella Barbarán, Jeny López, César Revilla, Héctor Ventura, Nilza Chacón y Juan Carlos Lizarzaburu.
La norma exige una sentencia firme para iniciar la extinción de dominio, lo que bloquea la recuperación temprana de bienes vinculados a delitos como corrupción y lavado de activos. Morante la defendió señalando que busca proteger a “ciudadanos honestos” y evitar “excesos”.
Ley que excluye de sanción penal a partidos políticos
La Ley N.º 32054, promovida por Waldemar Cerrón (Perú Libre) mediante el proyecto N.º 06084/2023-CR, impide sancionar a partidos políticos por delitos cometidos mediante su estructura, incluso si dirigentes o candidatos están vinculados a corrupción o lavado de dinero.
El propio Cerrón justificó la norma argumentando que busca evitar la “criminalización” de partidos y proteger su patrimonio.
Ley que favorece a la minería ilegal
Con la Ley N.º 31989 se derogó la disposición que permitía a la Policía perseguir penalmente a quienes usaban insumos explosivos vinculados a la minería ilegal con inscripción suspendida en el REINFO.
La iniciativa contó con votos favorables de bancadas como Podemos Perú, APP, Acción Popular, Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación Popular y sectores de Avanza País.
Ley que recorta funciones del Ministerio Público
La Ley N.º 32130, basada en el proyecto N.º 07204/2023-CR de Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) y Patricia Chirinos (Avanza País), plantea que la Policía lidere la investigación preliminar, restando autonomía al Ministerio Público.
Para Rospigliosi, la reforma era necesaria debido al “fracaso” del sistema actual; Chirinos afirmó que fortaleza a la PNP, mientras Moyano sostuvo que restituye atribuciones constitucionales.
Ley que debilita la persecución del crimen organizado
La Ley N.º 32138, vinculada al proyecto N.º 09178, modifica la Ley 30077 y, según el Ministerio Público, limita el alcance de investigaciones por crimen organizado y corrupción. El juez Richard Concepción Carhuancho advirtió que podría tratarse de una “ley con nombre propio” en favor de Waldemar Cerrón.
Analistas advierten que, si estos congresistas acceden al futuro Senado o Cámara de Diputados, podrían profundizar reformas orientadas al debilitamiento del sistema anticorrupción. De cara a las elecciones, el debate sobre quiénes redactarán y aprobarán las nuevas leyes en un Congreso bicameral se vuelve crucial para la institucionalidad del país.
La ciudadanía tendrá la última palabra en 2026, en un escenario donde regresar a la bicameralidad podría significar profundizar reformas o repetir el ciclo legislativo que ha puesto en riesgo la lucha anticorrupción en el Perú.
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