El golpista expresidente Pedro Castillo insistió en negar su intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 y cuestionó el pedido de más de 19 años de prisión en su contra que se le podría imponer si es que el Poder Judicial decide condenarlo por conspiración para la rebelión.
“El día de ayer el Ministerio Público hizo su alegato final y se le había olvidado decir que yo al inicio fui investigado por tres meses el delito de conspiración y el mismo Ministerio Público sacó esa imputación y trajo el tema de rebelión”, dijo el golpista al inicio de la audiencia del juicio oral de este viernes 7 de noviembre.
Castillo negó haber coordinado con militares y haber removido al comandante general del Ejército de entonces, el general Walter Córdova. Sin embargo, la acusación no menciona que se haya cambiado al referido alto mando, sino que intentó hacerlo. Esto está documentado y el propio militar en retiro lo confirmó en el juicio oral.
En otro punto de su intervención, el expresidente cuestionó las metáforas que usó el Ministerio Público en sus alegatos finales. También se refirió al requerimiento de 19 años de prisión si es que la Sala Penal Especial opta por condenarlo por conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.

“Hoy sale a decir que, al leer este discurso, yo tenía metralletas en la palabra, que tenía metralletas en la boca. Toda su historieta que ha contado el día de ayer ha llegado a concluir diciendo (que) (...) en todo caso no se configura el delito de rebelión, pero por el tema de conspiración mejor le bajo la pena a 19 años (sic)”, dijo.
Y agregó: “El Perú está viendo cómo se conduce la justicia el día de hoy. Espero de que la Procuraduría tenga también el mismo valor de decirme cuánto tengo que pagar. Como quiero escuchar que también le cobre las grandes deudas a las grandes empresas que le deben históricamente al país. Rechazo este juicio, como siempre”.
A un paso de la inhabilitación
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe final que propone inhabilitar por 10 años de la función pública al expresidente Pedro Castillo, la ex primera ministra Betssy Chávez y el exministro del Interior Willy Huerta por su participación en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

El informe también recomienda desestimar la denuncia constitucional contra el congresista y exministro de Comercio Exterior Roberto Sánchez, quien no será inhabilitado.
La votación en la subcomisión contó con el respaldo de los congresistas Lady Camones, Jorge Montoya, Ana Zegarra, Karol Paredes, Arturo Alegría, Martha Moyano, Patricia Juárez, María Acuña, Patricia Chirinos (con reservas) y Elvis Vergara. En contra se pronunciaron Elías Varas, María Taipe y Pasión Dávila.
Durante el debate, legisladores de bancadas de izquierda defendieron a Castillo y calificaron la sanción como una “venganza” política, además de argumentar sobre la supuesta vacancia y detención irregulares del exmandatario. La presidenta de la subcomisión, Lady Camones, rechazó las acusaciones de persecución política y subrayó que el proceso parlamentario es independiente del proceso penal.
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