Upland no va más como socio de Petroperú en el Lote 192 de Loreto, luego de la agencia promotora de las inversiones en hidrocarburos del Estado peruano, Perupetro, decidiera descalificarla la noche del pasado jueves 30 de octubre, faltando unas horas para que finalice el plazo legal que tenía para su respuesta.
Sin embargo, la compañía fundada en Texas, que había propuesto controlar el 79% de la operación tras la salida de Altamesa, ahora alista una apelación y demanda contra los directivos de Perupetro, al considerar que estos últimos se han excedido en sus funciones y vulnerado el debido proceso.
De acuerdo con fuentes del sector, la petrolera, que también maneja bajo un contrato temporal el Lote 8, presentará una solicitud de revisión al Directorio de Perupetro, en vista de la decisión de descalificarla por una presunta insolvencia económica, “que consideran totalmente injustificada”.
Según la misma fuente, las gerencias de Perupetro encargadas de evaluar a Upland habrían cometido un acto irregular al solicitar información confidencial a JCR Latam, la empresa calificadora regulada por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), que emitió el Informe de Certificación de Solvencia Financiera -un requisito para asociarse con Petroperú-, algo que sostienen “no corresponde con sus competencias de promoción de la inversión en el sector hidrocarburos”.
La solicitud de información confidencial y reservada a la empresa calificadora “es un despropósito” señala JCR LATAM en su carta de respuesta a la agencia, y precisa que “no tiene la obligación de enviar lo solicitado” porque Perupetro es un “tercero no involucrado en el contrato de locación de servicios”, considerando además que “el marco legal que rige las actividades de la clasificadora de riesgo es el de la SMV”.
Según documentos a los que accedió este medio, JCR LATAM emplazó en su misiva del 7 de octubre a Perupetro a “no reiterar solicitudes de esta naturaleza”. “Caso contrario, nos veremos precisados a comunicarnos con la Oficina de Control Interno y la Contraloría General de la República y a los órganos que regulan nuestras actividades SMV y su órgano rector MEF para reportar este tipo de despropósito”, precisa.
De acuerdo con otro interlocutor, Perupetro habría pretendido asumir un rol de “supervisor o descalificador” de las avaladoras, rol que solamente lo tienen la SMV y la SBS, utilizando esto como un posible sustento para descalificar a Upland.
“Lo más extraño es que Upland ya contaba con una línea de financiamiento que cubría el caprichoso monto exigido (sin sustento alguno) por parte de Perupetro, y había presentado el Informe de Solvencia Financiera elaborado por la calificadora JCR LATAM el 9 de octubre, donde manifestaba su capacidad para contar con una línea de financiamiento por una institución financiera local hasta por 147,5 millones de dólares para la operación del Lote 192, con el fin de garantizar el 79% de participación”, dijo.
En un comunicado posterior, Perupetro indicó que las solicitudes son evaluadas por una Comisión designada específicamente para la revisión de los documentos, tomando en consideración el Reglamento de Calificación de Interesados y los Lineamientos para la Calificación de Interesados. “La Gerencia General no interviene en la evaluación de los documentos presentados por las empresas interesadas”, dijo. Además, asegura que la petrolera de Jorge Rivera“puede presentar una solicitud de revisión ante el Directorio de Perupetro”.
“Al parecer, con el único objetivo de perjudicar o hacerla negativa, obligó a calificar a la empresa con un programa de trabajo no considerado en las nuevas condiciones del contrato”, manifestó una tercera fuente cercana al proceso.
Incluso, la misiva Upland reitera su “compromiso de cumplimiento y solicita se continúe con el proceso de calificación, a fin de concretar la suscripción de la Modificación del Contrato de Licencia del Lote 192, quedando atentos a absolver cualquier consulta al respecto o atender a una reunión presencial en caso lo requieran”.
“Perupetro está confundiendo y distorsionando su rol de promotor de la inversión en el sector hidrocarburos para convertirse en fiscalizador y calificador en negativo de las empresas que aspiran a invertir en Perú en el sector hidrocarburos”, aseveró para Infobae Perú.
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