Cobre en jaque: el dilema entre sostenibilidad, legitimidad y desarrollo

Según un informe de GEM Mining Consulting (consultora chilena especializada en economía minera), alrededor del 25 % de la oferta mundial de cobre, equivalente a 6,4 millones de toneladas, permanece fuera del mercado debido precisamente a “obstáculos” ESG. Los principales afectados son Perú (31 %), Estados Unidos (12 %) y Chile (11 %), que en conjunto concentran más de la mitad del cobre inactivo del planeta.

El estudio advierte que liberar incluso una fracción de esta capacidad “podría modificar sustancialmente el equilibrio del mercado y mitigar los riesgos de suministro durante la transición energética global”. En este artículo analizamos la incidencia de los criterios ESG en la actividad minera cuprífera.

En 2024, la producción mundial de cobre alcanzó 22,8 millones de toneladas (Mt). De este total, según Cochilco, Chile fue el principal productor (24 %), seguido de nuestro país y China. Sin embargo, la demanda mundial crece más rápido que la oferta. Por ejemplo, un análisis de BHP proyecta que, para 2050, el consumo de cobre aumentará un 70 %, alcanzando las 50 millones de toneladas anuales. No obstante, los fantasmas de las paralizaciones —ya sea por causas sociales, ambientales o regulatorias— amenazan con frenar el potencial del suministro de cobre a escala global.

De proyectos paralizados y reservas inmensas: los conflictos complejos

Un estudio de GEM identificó 33 proyectos detenidos o suspendidos en todo el mundo, cada uno con una capacidad potencial superior a 50 000 toneladas anuales. Entre los más destacados se encuentran La Granja (Perú, 500 ktpa), Resolution Copper (EE. UU., 450 ktpa) y El Pachón (Argentina, 400 ktpa).

En el caso del Perú, el volumen de proyectos bloqueados es equivalente a toda su producción anual actual. Ahora bien, si estos se reactivaran, el país podría retomar el segundo lugar mundial en producción de cobre, superando a la República Democrática del Congo, que actualmente produce 3 Mt.

Por su parte, en Estados Unidos, la puesta en marcha de los proyectos detenidos podría reducir su dependencia de importaciones, mientras que en Chile, cuya producción se ha mantenido estancada en torno a 5,5 Mt anuales durante dos décadas, permitiría superar las 6 Mt, consolidando su liderazgo mundial.

Sin embargo, los obstáculos son profundos. En nuestro país, el proyecto La Granja, propiedad de Rio Tinto desde 2006, fue paralizado tras fuertes protestas sociales entre 2008 y 2009, motivadas por riesgos de contaminación y disputas sobre el uso de la tierra. En Arizona, el proyecto Resolution Copper lleva más de 20 años bloqueado por la oposición de comunidades apaches, que consideran el área de Oak Flat como sagrada. En Argentina, El Pachón enfrenta retrasos por permisos ambientales y la protección de glaciares.

El informe advierte que resolver estos conflictos podría reconfigurar el mapa global del cobre, pero solo si las empresas y los gobiernos logran equilibrar el desarrollo económico con el respeto ambiental y la legitimidad social. Esto, ciertamente, suena a criterios ESG.

¿Qué significan los criterios ESG?

Los criterios ESG (Environmental, Social and Governance —ambiental, social y gobernanza—) se han convertido en el nuevo estándar global para evaluar el comportamiento sostenible y ético de las empresas. En el sector minero, estos criterios determinan tanto el acceso a financiamiento e inversiones como aspectos relacionados con la licencia social para operar.

En el componente ambiental se analiza cómo una empresa gestiona el uso del agua, la energía y sus emisiones de gases de efecto invernadero, además de su capacidad para rehabilitar ecosistemas y manejar residuos mineros. El criterio social evalúa las relaciones con las comunidades locales, la seguridad laboral, la inclusión y el respeto a los derechos humanos. Por último, la gobernanza se enfoca en la transparencia, la ética corporativa, la rendición de cuentas y la diversidad en la toma de decisiones.

Estos parámetros, cada vez más exigentes, están redefiniendo el rumbo de la minería mundial. Su incumplimiento puede significar la paralización de proyectos por conflictos con comunidades o por restricciones regulatorias.

Licencias sociales y gobernanza: ¿el (recurrente) cuello de botella del cobre?

Algunos especialistas advierten que las mayores limitaciones para el nuevo suministro de cobre no son técnicas ni geológicas, sino sociales, ambientales y de gobernanza. Liberar el potencial varado requerirá licencias sociales genuinas, cumplimiento riguroso de estándares ambientales y marcos políticos estables.

En ese contexto, los criterios ESG han pasado de ser una tendencia corporativa a un requisito estructural para la supervivencia del sector. Dicha exigencia también está impulsada por los inversionistas internacionales, que priorizan empresas con prácticas sostenibles verificables. Aquellas que no se adapten corren el riesgo de quedar fuera de los flujos de capital global.

Al respecto, el informe de GEM concluye que el futuro del cobre dependerá tanto de la geología del subsuelo como de la geopolítica de la superficie. Solo enfrentando de frente las barreras ESG, la industria podrá cerrar la brecha entre la creciente demanda y la limitada oferta.

En síntesis, el mundo no enfrenta una escasez de cobre, sino más bien una crisis de legitimidad en su extracción. Por ende, mientras no se construyan acuerdos sociales duraderos y reglas ambientales claras, una cuarta parte del cobre mundial seguirá bajo tierra, atrapada entre la riqueza mineral y la exigencia de una minería verdaderamente sostenible.