Más de la mitad de quienes enfrentan un diagnóstico de cáncer en Perú han interrumpido o postergado su tratamiento debido a los persistentes problemas estructurales de la salud pública, según cifras de una encuesta nacional de Semáforo Oncológico. Las carencias van desde áreas desbordadas hasta la falta de equipos médicos y medicamentos, lo que provoca demoras excesivas y listas de espera que afectan la supervivencia y calidad de vida de los pacientes.
Acceso limitado y demoras sistemáticas en el sistema de salud
Según el informe presentado por Ipsos Global Advisor este año, solo 13% de peruanos conectados califica la atención médica en Perú como buena y ello se refleja en el bajo nivel de satisfacción con la calidad del sistema de salud peruano que se ubica entre los más bajos de los 30 países evaluados.
Además, los resultados señalan que al menos cuatro de cada diez peruanos —equivalente al 49% de la población— identifica los largos tiempos de espera y la dificultad de acceso al tratamiento como los principales problemas del sistema sanitario nacional. Esta percepción forma parte de un entorno donde convergen infraestructura deficiente y recursos insuficientes, lo que repercute especialmente en enfermedades como el cáncer.
Indyra Oropeza, vocera del Semáforo Oncológico y presidenta de Con L de Leucemia, ya lo había advertido en una entrevista pasada con Infobae Perú cuando mencionó que el 55% de los pacientes oncológicos identificó como principal obstáculo la dificultad para encontrar citas, mientras que un 25% señaló la falta de medicamentos como una de las causas más frecuentes, según cifras obtenidas a partir de una encuesta realizada por el colectivo en 2024.
Oropeza destaca que los problemas van desde equipos médicos fuera de servicio hasta demoras considerables para ser atendidos, agravados por una baja ejecución presupuestaria destinada al mantenimiento de equipamiento hospitalario. “No se puede devolver presupuesto en cáncer teniendo en cuenta todas las brechas que todavía existen acá. Por más presupuesto que podamos tener, si no hay buena gestión, la salud oncológica en el país va a seguir siendo un desastre”, indicó.
La vocera advirtió que, tras un diagnóstico de cáncer, el tiempo se vuelve determinante, ya que cualquier demora en iniciar el tratamiento puede favorecer el avance de la enfermedad y complicar su control
Las demoras en el diagnóstico afectan la sobrevida de los pacientes. Siete de cada diez diagnósticos de cáncer se producen en estadios avanzados en Perú.
Esperas de más de un año para acceder a tratamiento
El Ministerio de Salud (Minsa) aprobó en 2024 una normativa que determina plazos específicos: derivaciones a centros especializados en un máximo de 72 horas, primera consulta oncológica dentro de 35 días e inicio de tratamiento antes de 65 días tras la sospecha o diagnóstico. No obstante, esta regulación permanece mayormente en el papel, ya que pacientes y colectivos denuncian que estos plazos no se cumplen en la práctica.
Incluso, en los casos detectados oportunamente, los procesos burocráticos extienden el inicio de los tratamientos varios meses, incumpliendo la normativa existente y agravando el pronóstico.
El panorama fuera de Lima es especialmente adverso. Aunque existen institutos regionales, como IREN Arequipa, IREN Centro (Huancayo) e IREN Norte (La Libertad), muchos pacientes de regiones deben desplazarse hasta la capital para tratamientos de alta complejidad, debiendo afrontar gastos en traslados, alojamiento y medicamentos no siempre disponibles en hospitales públicos.
América Televisión documentó el caso de Marthalily Casalino Calle, una madre diagnosticada con melanoma, que aguardó un año para recibir un medicamento ya aprobado en otros países y que debió costear parte de su atención con donaciones particulares.
Oropeza advirtió en el medio citado que este esquema de migración forzada y altos gastos provoca una “toxicidad financiera” que impacta en toda la familia, tanto a nivel económico como emocional.
Durante este año, familiares de Graciela Mestanza Julón denunciaron que la paciente se encontraba en riesgo de muerte en el hospital Guillermo Almenara, del seguro social, por no habérsele realizado un drenaje biliar esencial debido a la falta de insumos hospitalarios desde el 6 de octubre.
El avance en la implementación de la Ley Nacional de Cáncer, en vigor desde 2022, ha sido desigual. Persisten desafíos en la consolidación de una red oncológica descentralizada y en el acceso efectivo a medicamentos, señaló Oropeza. La representante llamó al nuevo ministro de Salud a abrir espacios de colaboración con la sociedad civil, al considerar que “en el país, las personas no mueren de cáncer, sino por la falta de una cama o un medicamento, por la debilidad de la infraestructura o porque en su región no cuentan con un centro de atención”.
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