El congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, presentó una denuncia constitucional, ante la Subcomisión de acusaciones del parlamento, contra la expresidenta Dina Boluarte y César Sandoval Pozo y Raúl Pérez Reyes, exministros de Transporte y Economía de su gestión. El objetivo es que los implicados sean inhabilitados para ejercer la función pública durante 10 años y que el Ministerio Público actúe en el ámbito penal.
La problemática se centra en el Decreto Supremo N.º 015-2025-MTC, que aprueba la adenda número cinco del contrato de concesión para la construcción, conservación y explotación del Terminal Portuario de Matarani, situado en Arequipa.
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Según la denuncia, la aprobación y firma de ese decreto permitió la extensión del acuerdo de concesión por 30 años adicionales a favor de la empresa Terminal Internacional del Sur S.A. (TISUR S.A.), cuando el contrato vigente vencía en 2029. Este acto se considera una “extensión inconstitucional, ilícita, ilegítima e indebida”, según el documento presentado por Martinez.
El congresista respalda su posición en la presunta infracción de los artículos 58, 61 y 76 de la Constitución, así como en la presunta comisión de delitos tipificados en los artículos 384 y 399 del Código Penal, relacionados con colusión, negociación incompatible y aprovechamiento del cargo. El documento presentado ante la subcomisión pide que la responsabilidad política sea determinada —“a efectos de que se inhabilite a los denunciados para el ejercicio de la función pública por el plazo de 10 años”— y que la acusación constitucional también sea investigada penalmente.
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Concesión a TISUR S.A.
La denuncia sostiene que el artículo 61 de la Constitución establece la obligación del Estado de facilitar y vigilar la libre competencia en los mercados. Para Martínez, al aprobarse el citado decreto, se restringió completamente la posibilidad de que otros agentes económicos participen en igualdad de condiciones para operar el terminal de Matarani, especialmente relevante para la salida del cobre y otros productos de exportación.
En el documento oficial, el congresista denuncia que “los denunciados están habilitando de modo fraudulento que un único agente privado ejerza desreguladamente el control absoluto del mercado y la actividad económica que se realiza en el puerto de Matarani en Arequipa”. También afirma que esta situación genera prácticas anticompetitivas y limita a ciudadanos y emprendedores que participan en la actividad portuaria y económica vinculada al comercio internacional.
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En la fundamentación jurídica, Martinez argumenta que la libre competencia en los contratos de concesión permite igualdad y equidad para todos los posibles postores, además de impulsar eficiencia en precios y calidad para los consumidores. El objetivo final es asegurar que el Estado Peruano acceda a la mejor oferta posible y que la población acceda a servicios eficaces. Por este motivo, el congresista exhortó al presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, y al ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, a derogar el decreto supremo N.° 015-2025-MTC.
En el segmento final, el parlamentario exhorta a Ernesto Álvarez, presidente del Consejo de Ministros, y al nuevo titular del MTC, Aldo Prieto, a derogar el decreto supremo N.° 015-2025-MTC para detener este despropósito y abuso y no ser cómplices del mismo”.
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