El presidente José Jerí lideró una intervención policial en el penal Sarita Colonia, en el Callao. “La requisa avanza a estas horas, sin pausa ni tregua”, afirmó el jefe de Estado por medio de su cuenta de Twitter, a casi las 23:00 horas del martes 28 de octubre.
La operación, ejecutada en el pabellón de máxima seguridad del establecimiento penitenciario, contó con el respaldo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP). De acuerdo con Andina, el Ministerio de Justicia enfatizó que el objetivo fundamental es detectar y decomisar “objetos prohibidos que podrían ser utilizados para la comisión de delitos desde el interior de los penales”.
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Un hecho que ha marcado la gestión de Jerí fue el asesinato de José Esqueche, un trabajador de la empresa Liventur, en la Av. Gabetta, durante el estado de emergencia en Lima y Callao.
Requisa en Sarita Colonia
La requisa en el penal Sarita Colonia, ubicado en el ‘primer puerto’, estuvo orientada al pabellón de máxima seguridad, donde se concentra a más de 300 internos procesados y sentenciados por delitos como secuestro, extorsión y robo agravado. El Ministerio de Justicia detalló que en el procedimiento se aseguró el estricto cumplimiento de medidas como la suspensión del suministro eléctrico dentro de las celdas, lo que dificulta la recarga y el uso de teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos.
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Según los datos entregados por el gobierno, la acción fue supervisada de manera directa por el presidente José Jerí Oré y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura. Ambos verificaron las condiciones de seguridad y el desarrollo de la requisa, en colaboración con personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). La misma fuente aclaró que el procedimiento en Sarita Colonia responde al interés del Estado por “impedir que las organizaciones criminales sigan operando desde dentro de sus centros de reclusión”.
El Minjus puntualizó que la continuidad de estas requisas y operativos en penales forma parte de la política de tolerancia cero frente al crimen organizado en Lima Metropolitana y el Callao.
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Las nuevas reglas para internos de alta peligrosidad
La madrugada posterior al asesinato de José Esqueche, José Jerí Oré encabezó el traslado de 45 internos de alta peligrosidad al nuevo pabellón de máxima seguridad de Ancón I. La operación fue organizada bajo la estricta vigilancia del ministro Martínez Laura y del jefe del INPE, Iván Paredes.
El nuevo pabellón de Ancón I fue habilitado para alojar hasta 168 personas bajo un régimen cerrado especial. Los internos procedentes de recintos como Castro Castro y otras áreas del propio penal de Ancón I están siendo sometidos a un protocolo que incluye su aislamiento durante 22 horas al día, sin acceso a enchufes ni conexiones eléctricas. De acuerdo con el ministro Martínez Laura, “a los internos de alta peligrosidad se les aplicará el régimen más endurecido”.
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Las visitas familiares se han reducido a una por quincena, y la movilidad de los internos queda limitada a dos horas diarias en el patio, mientras que los desplazamientos en pasillos o escaleras están bajo vigilancia estricta. El objetivo es minimizar la posibilidad de nuevas coordinaciones entre internos y evitar la continuidad de actividades ilícitas promovidas desde el interior de las cárceles. “Este pabellón alberga a sentenciados por penas que van de los 18 a más de 30 años”, precisó el presidente del INPE, Iván Paredes.
Entre los trasladados figuran Jhon Jairo Arancibia, vinculado a la organización criminal Los Injertos del Norte, así como Adam Smith Lucano Cotrina, conocido como “El Jorobado”, señalado como cabecilla de una red dedicada a extorsiones y ataques armados.
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