El Gobierno peruano prorrogó por 60 días el estado de emergencia en ocho distritos de Moquegua ante el peligro inminente de contaminación hídrica. La medida, aprobada mediante decreto supremo, responde a la persistencia del riesgo en la cuenca del río Coralaque y busca dar continuidad a acciones de abastecimiento de agua y rehabilitación de servicios básicos.
La solicitud fue presentada por la Gobernadora Regional de Moquegua y respaldada por informes técnicos del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), que advierte que aún existen tareas pendientes y una capacidad de respuesta regional sobrepasada. El nuevo periodo de emergencia se contará a partir del 28 de octubre y no implicará recursos adicionales al Tesoro Público.
Ocho distritos permanecerán bajo emergencia
Los distritos incluidos son Chojata, Matalaque, Quinistaquillas y La Capilla (provincia de General Sánchez Cerro), además de Carumas, Cuchumbaya, San Cristóbal y Torata (Mariscal Nieto). En estas zonas se ejecutarán acciones inmediatas para garantizar agua potable, distribuir insumos agrícolas y continuar con la rehabilitación de infraestructura dañada.
Las tareas estarán a cargo del GORE, con apoyo de los ministerios de Salud, Vivienda, Agricultura, Defensa e Interior. Todas deberán tener relación directa con el evento de contaminación hídrica y podrán modificarse según las necesidades que surjan durante la ejecución.
Un riesgo ambiental que aún no se disipa
El estado de emergencia en Moquegua fue declarado por primera vez el 28 de agosto de 2025, tras detectarse un riesgo severo de contaminación en la cuenca del río Coralaque, una de las principales fuentes de agua de la región. Aunque se han implementado medidas preventivas, los informes del INDECI confirman que persisten focos de contaminación y que varias comunidades aún carecen de suministro seguro.
El organismo señala que la ampliación permitirá culminar la entrega de insumos agrarios y consolidar sistemas temporales de abastecimiento de agua potable. También se mantendrán las acciones de vigilancia ambiental y sanitaria en coordinación con los municipios.
Sin embargo, a finales de junio de este año, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) reconoció la falta de avances en la limpieza del río y trasladó la gestión ambiental a la empresa Southern Perú, tras el fracaso de la estatal AMSAC.
Jorge Montero Cornejo, titular del sector en aquel momento, admitió públicamente la ineficacia del Estado durante una mesa de diálogo en Moquegua y anunció que la minera elaborará los estudios técnicos y trabajos de remoción de lodos.
Acciones en los próximos dos meses
Durante los próximos dos meses, las intervenciones se desarrollarán de forma multisectorial. El Ministerio de Salud atenderá los riesgos epidemiológicos; Vivienda supervisará la calidad del agua y el saneamiento; y Agricultura apoyará a los productores afectados. El INDECI realizará el seguimiento técnico y operativo de las acciones, mientras que Defensa e Interior garantizarán la seguridad en las zonas bajo emergencia.
La Presidencia del Consejo de Ministros subrayó que el financiamiento se ejecutará con los presupuestos institucionales ya asignados, priorizando la eficiencia y la coordinación entre los niveles de gobierno.
Una crisis que afecta a miles de familias
La cuenca del río Coralaque continúa siendo uno de los principales pasivos ambientales del país. Los vertimientos mineros han afectado cultivos, fuentes de agua y ganado en distritos como Carumas y Torata.
Pese a los esfuerzos del Ejecutivo, las familias siguen enfrentando limitaciones en el acceso a agua segura y en la recuperación de su actividad agrícola. La extensión del estado de emergencia busca evitar que la contaminación se agrave mientras el Gobierno define un plan sostenible de remediación ambiental y social.
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