El crimen hunde el crédito a las mypes: Microfinancieras esperan el cierre de 250 agencias y S/10.000 millones menos en colocaciones

El sistema microfinanciero peruano ha tocado fondo en 2025, con una expectativa de crecimiento recortada de 6% a 3%, una proyección de pérdidas por S/10.000 millones en colocaciones y el riesgo de cierre de hasta 250 agencias, principalmente en Lima Norte, debido al avance de la criminalidad, según la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC).

La organización, que recoge la impresión no solo de las Cajas Municipales, sino también de financieras, cooperativas y cajas rurales, prevé que la morosidad en el sistema podría alcanzar el 3,5% y que la situación obligará a fortalecer los programas de garantías estatales para no dejar fuera del sistema a los sectores más vulnerables.

Extorsión y amenazas disparan pérdidas en micro y pequeñas empresas

La escalada delictiva ha golpeado al sistema financiero, sobre todo en el rubro de microfinanzas y la inclusión financiera. De acuerdo con Jorge Solís, presidente de la FEPCMAC, la inseguridad ha generado el cierre de oficinas, la migración forzada de clientes y empleados, y un aumento persistente de los créditos informales.

El informe de FEPCMAC recoge que más del 30% de la población urbana fue víctima de delitos entre febrero y julio de 2025, según el INEI, mientras el Banco Central de Reserva (BCR) del Perú estima que el costo anual de la criminalidad asciende al 2,2% del PBI.

El crédito formal cayó 2,1% el año pasado, el préstamo “gota a gota” sumó S/4.000 millones y la cifra sigue en aumento, creando una banca informal que amenaza la estabilidad financiera, señalan los datos reunidos por FEPCMAC. El 81% de los peruanos, y 90% de los limeños, admiten que la criminalidad condiciona sus decisiones financieras, impulsando el uso de canales digitales por encima del acceso presencial.

FEPCMAC: microfinancieras en Perú enfrentan su peor escenario en años

Las extorsiones y amenazas afectan tanto a clientes como a trabajadores, especialmente en los barrios de Lima Norte y otras zonas vulnerables. “Las consecuencias de la criminalidad superan los S/19.800 millones y afectan directamente el crecimiento, la inversión y el empleo en el Perú”, afirmó Solís. El informe precisa que la morosidad ha oscilado entre 1,5% y 3,5% según el tipo de entidad y que los costos de seguridad superan los S/600 millones este año.

La crisis ha golpeado en especial a las pequeñas empresas (MYPE): se calcula que han perdido más de S/6.000 millones anuales solo por extorsión y más de 2.600 bodegas cerraron en Lima en 2024. El 60% de las compañías de transporte formal admitió que paga extorsiones mensuales, a veces de hasta S/50.000, para poder operar, añadió el reporte.

El impacto económico también se refleja en la caída del saldo de créditos sectoriales: actividades inmobiliarias bajaron 13,1% (de S/ 12.378 millones a S/ 10.756 millones), la construcción cedió 3,2%, la enseñanza retrocedió 3,5% y el transporte apenas aumentó 0,3%. “De no adoptarse medidas urgentes, la inclusión financiera podría retroceder hasta cinco años, con pérdidas de S/10.000 millones en colocaciones, mientras el préstamo informal podría superar los S/6.000 millones en 2026″, adelantó Solís.

Crédito informal crece y pone en jaque la estabilidad financiera peruana

Pese a las adversidades, las Cajas Municipales reportan todavía cifras en azul en tenencia de créditos y ahorros: el saldo total de créditos llegó a S/37.646 millones y la cantidad de ahorristas ya supera los 7,7 millones. La banca digital creció con fuerza, y en 2025 se contabilizaron más de 11.000 cajeros automáticos y 61.800 agentes corresponsales. La rentabilidad patrimonial (ROE) marcó 14,78% y la morosidad pasó de 6,45% a 6,10%.

FEPCMAC pidió al Estado lanzar un programa de garantías por S/5.000 millones para no excluir a clientes de alto riesgo y planteó derogar el tope de tasas de interés, ya que impide responder ante mayor inseguridad. También propuso una estrategia conjunta entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), la Policía Nacional y gobiernos locales, además de reformas legales para tipificar la extorsión como delito grave.

Si el Estado no reacciona de inmediato, advierte Solís, la desbancarización y el avance del crédito informal llevarán a un retroceso de la inclusión financiera de hasta cinco años en las zonas más expuestas. “Urge proteger a los trabajadores y promover una respuesta multisectorial antes de que la bancarización retroceda frente a la economía criminal”, sostuvo Jorge Solís ante los medios.