El presidente de la República, José Jerí, lideró un operativo en el penal de Lurigancho durante las primeras horas de la entrada en vigor del estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao, una medida que el Gobierno ha presentado como respuesta a la escalada de la delincuencia en la capital y el puerto principal.
Recorrido presidencial y despliegue en zonas sensibles
Acompañado por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, Jerí llegó antes del amanecer a las instalaciones del penal de Lurigancho, considerado uno de los centros penitenciarios de mayor complejidad en el país. La presencia del mandatario formó parte de una serie de operativos y patrullajes realizados desde la medianoche, luego de la publicación oficial del estado de emergencia.
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El mandatario visitó diversos distritos de la capital, entre ellos Los Olivos, San Martín de Porres, Comas y Carabayllo, sectores señalados por las autoridades como focos de actividad delictiva. Según fuentes oficiales, el operativo en Lurigancho se ejecutó bajo estricta reserva, con participación de fuerzas policiales, equipos del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (GRECO) y personal de serenazgo de diferentes jurisdicciones.
Intensificación de la lucha contra la criminalidad
La decisión de declarar el estado de emergencia, vigente por al menos 30 días, permite la intervención de las Fuerzas Armadas junto con la Policía Nacional en tareas de patrullaje y control en las calles. En un mensaje dirigido a la nación durante el anuncio de la medida, Jerí sostuvo que “la delincuencia ha crecido de manera desmesurada en los últimos años, causando un enorme dolor en miles de familias y perjudicando el progreso del país. Pero esto se acabó. Hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú”.
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La acción gubernamental incluye restricciones como la limitación del tránsito en motocicletas a una sola persona, y controles reforzados en puntos clave de las ciudades afectadas, de acuerdo con las disposiciones oficiales publicadas.
Restricciones en penales
Durante la vigencia del estado de emergencia, el Gobierno dispuso un conjunto de medidas para reforzar el control penitenciario y combatir las telecomunicaciones ilícitas desde los establecimientos penales. Entre las principales acciones figura la restricción de las visitas en los penales, permitiéndose una visita semanal para los internos bajo régimen cerrado ordinario y una visita quincenal para quienes se encuentran en régimen cerrado especial. El acceso quedará limitado a familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Las autoridades autorizaron la realización de apagones eléctricos en las celdas, manteniendo únicamente la iluminación esencial, y ordenaron el desmantelamiento y destrucción de antenas destinadas a telecomunicaciones ilegales, tarea asignada a las fuerzas armadas.
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Pese a la estrategia adoptada, varios especialistas en políticas de seguridad han advertido que los estados de emergencia previos en el país no han arrojado resultados efectivos en la reducción de la criminalidad.
En redes sociales, el presidente compartió una fotografía del operativo en el penal, junto al mensaje: “Nunca exijas nada que no ofrezcas”, en lo que muchos interpretaron como un intento de reforzar el perfil combativo del Ejecutivo frente a la inseguridad.
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Contexto de la medida y expectativas oficiales
Según la información oficial, la resolución ministerial que sustenta el estado de emergencia apunta a frenar las actividades delictivas, especialmente las asociadas al crimen organizado, extorsión y sicariato en Lima y Callao, regiones que registran los mayores índices de violencia urbana del país. La comitiva presidencial planea continuar las visitas y operativos en distintos sectores considerados críticos para la seguridad pública.
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