APP retira propuesta de Luis Cordero Jon Tay que planteaba reconocer pagos por extorsión como pérdidas tributarias

La bancada de Alianza para el Progreso (APP) decidió retirar del Congreso el proyecto de ley presentado por el parlamentario Luis Cordero Jon Tay, que proponía que los pagos realizados por extorsión pudieran considerarse pérdidas deducibles del Impuesto a la Renta. La medida fue sacada del trámite legislativo pocos días después de su registro, tras provocar una ola de cuestionamientos por parte de expertos y de la opinión pública.

El texto, presentado ante la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera el 15 de octubre, generó preocupación en diversos sectores por la posibilidad de que una norma de ese tipo termine normalizando los pagos extorsivos. La bancada informó su decisión de retirar la propuesta sin precisar las razones, aunque la medida fue interpretada como una respuesta a la polémica generada.

Proyecto planteaba deducir pagos extorsivos como pérdidas empresariales

La iniciativa de Cordero Jon Tay, respaldada por otros congresistas de APP, planteaba modificar el artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta. Su objetivo era permitir que las personas naturales y jurídicas puedan deducir las sumas entregadas a organizaciones criminales bajo amenazas o extorsión, considerándolas pérdidas extraordinarias.

El proyecto señalaba que, en la actualidad, las víctimas de este delito no pueden reconocer esas pérdidas en su contabilidad si no cuentan con un proceso judicial o una investigación formal. Por ello, la propuesta eliminaba el requisito de acreditación judicial, reemplazándolo por una declaración jurada notarial. Esta debía incluir la firma y huella digital del declarante, además de los medios probatorios disponibles.

Argumentos de la propuesta tributaria y mecanismos de control

El texto justificaba la modificación indicando que muchos empresarios, transportistas y trabajadores independientes enfrentan la imposición de pagos ilegales por parte de mafias criminales que, en algunos casos, exigen hasta un 30% de sus ingresos. Según el legislador, esta situación afecta la liquidez de las empresas y distorsiona su capacidad de cumplir con las obligaciones tributarias.

El proyecto incorporaba medidas para evitar posibles fraudes. Se establecía que la SUNAT tendría la facultad de supervisar las declaraciones y denunciar penalmente los casos en los que se detectara falsedad o abuso del beneficio. Asimismo, la Procuraduría de la SUNAT debía presentar denuncias ante el Ministerio Público si se comprobaba el uso indebido de la herramienta tributaria.

Justificación económica y social del planteamiento

En su exposición de motivos, Cordero Jon Tay argumentaba que la extorsión constituye una carga económica que afecta principalmente a los pequeños y medianos empresarios. Sostenía que el marco tributario actual obliga a declarar utilidades ficticias, ya que no contempla las pérdidas derivadas de actos delictivos. Para el legislador, esta omisión generaba desventajas frente a la realidad que viven muchos contribuyentes.

El documento citaba cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que indican que solo el 15,7 % de las víctimas de algún delito presentan una denuncia. Entre las principales razones se encuentran el temor a represalias y la falta de confianza en las instituciones. Según el autor, este contexto justifica la necesidad de una vía alternativa para reconocer las pérdidas económicas por extorsión sin exponer a las víctimas a nuevos riesgos.

Retiro formal tras la controversia pública

Tras la difusión del proyecto, distintos especialistas en derecho tributario y penal manifestaron su rechazo a la propuesta, señalando que podría interpretarse como un intento de legitimar pagos ilícitos. La iniciativa generó un amplio debate sobre la capacidad del Estado para combatir la extorsión y sobre el riesgo de abrir espacios de vulnerabilidad en el sistema tributario.

En ese contexto, la bancada de Alianza para el Progreso comunicó oficialmente al Congreso el retiro del proyecto de ley, dejando sin efecto su trámite ante la Comisión de Economía. Aunque el grupo parlamentario no detalló las razones específicas de la decisión, fuentes cercanas a la bancada indicaron que el retiro buscó evitar mayores controversias.