Otra cooperativa disuelta: SBS interviene nueva COOPAC en el sur en medio de rescate regulatorio al sistema

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) declaró la disolución de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Grupo Confía y su exclusión del Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público (COOPAC).

La resolución SBS Nº 03762-2025 responde a la constatación del cierre de su oficina principal en Puno, sin aviso ni autorización, durante quince días consecutivos, lo que, bajo la normativa vigente, configura causal de inactividad.

Ante este escenario, la SBS designó a Edwin Esquivias Astete y George Roger Vilcatoma Ollais como administradores temporales responsables de representar legalmente a la cooperativa y conducir el proceso de disolución, con la finalidad de proteger los intereses de socios y acreedores.

SBS disuelve cooperativa Grupo Confía tras cierre en Puno

Desde que la SBS decretó la disolución, rigen restricciones estrictas. Se encuentra prohibido iniciar procedimientos judiciales o administrativos dirigidos al cobro de deudas, ejecutar resoluciones judiciales en contra de la entidad, constituir gravámenes sobre sus activos, así como realizar pagos u obligar a terceros con los fondos de la cooperativa.

Adicionalmente, todas las deudas existentes solo podrán devengar intereses legales. La eliminación definitiva de la entidad del sistema financiero peruano se hará efectiva una vez que concluya el proceso de liquidación, cumpliendo con todos los requisitos regulatorios establecidos por la autoridad supervisora.

Cooperativa Mi Empresa también es excluida del registro oficial

Poco antes, la SBS también ordenó la disolución de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mi Empresa. La entidad fue excluida del registro luego de dos periodos consecutivos sin remitir estados financieros y de no responder los requerimientos formales de la autoridad, además de no atender el cierre de su oficina principal.

En este caso, Ana Claudia Castro Rivas y Johnny José Luis Cortez Misad asumieron como administradores temporales con similares atribuciones y restricciones para conducir la liquidación. Estos casos recientes ponen en evidencia persistentes dificultades de supervisión, operatividad y transparencia entre distintas cooperativas del país.

La continuidad de este tipo de medidas refleja un panorama complejo dentro del sistema cooperativo peruano. Numerosas entidades atraviesan procesos de inactividad, falta de documentación y deficiencias operativas, lo que obstaculiza la función primordial del sector como canalizador de ahorro y crédito popular.

El incremento de disoluciones en el sector evidencia que las labores de vigilancia y fiscalización de la SBS se han intensificado y que el sistema enfrenta retos estructurales que afectan la confianza de los ahorristas y la permanencia de las entidades en el mercado.

SBS: nuevas reglas para COOPAC en reorganización o fusión

En respuesta a la situación crítica y como intento de rescate para el sector, la SBS implementó mecanismos de flexibilización extraordinarios dirigidos a cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a captar recursos del público (COOPAC) involucradas en procesos de reorganización o fusión.

Mediante nuevas directrices, las COOPAC pueden computar parcialmente los depósitos a plazo fijo dentro de su patrimonio suplementario bajo determinadas condiciones, siempre que se presente un cronograma de actividades sujeto a la revisión y aprobación de la autoridad.

El beneficio tiene un plazo máximo de tres años y exige reportes periódicos que demuestren avances en la adecuación patrimonial, con escalas diferenciadas de acuerdo con el vencimiento de los depósitos y el nivel de la cooperativa. La SBS podrá imponer restricciones adicionales en caso de incumplimientos.

Cooperativas piden integrar oficialías de cumplimiento

Paralelamente, las cooperativas peruanas avanzan en la adopción obligatoria de oficialías de cumplimiento en todas sus estructuras, desde las más básicas hasta las más avanzadas.

Esta exigencia tiene como finalidad fortalecer los controles de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, respondiendo a estándares internacionales y a la presión regulatoria local.

La integración de oficialías de cumplimiento requiere desarrollar procedimientos formales para monitorear, reportar y detectar operaciones inusuales, garantizando la vigilancia interna y el alineamiento con los criterios dispuestos por la SBS.