Catequista es condenado a 8 años de cárcel por tocamientos indebidos a menor de 14 años en Ica

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Parcona logró que el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Ica condenara a Ronnie Gerardo Trillo Uculmana a ocho años de prisión efectiva por realizar tocamientos indebidos a un adolescente de 14 años. La decisión judicial confirma la responsabilidad del acusado en un caso que generó gran conmoción en la región.

Los hechos ocurrieron en noviembre de 2024, cuando la víctima se preparaba para recibir el sacramento de la confirmación en un convento local. Trillo Uculmana, quien se desempeñaba como catequista, cometió los tocamientos indebidos cuando el menor se encontraba en un momento de vulnerabilidad. La investigación permitió establecer que el agresor aprovechó su posición de autoridad y confianza frente al adolescente para cometer el delito.

Pena y cumplimiento de la condena

El tribunal determinó que el sentenciado cumpla su pena en el establecimiento penitenciario de Cachiche, en Ica, con fecha de vencimiento prevista para noviembre de 2032. Además, se dispuso la inhabilitación definitiva para desempeñarse en cualquier institución educativa, ya sea en funciones docentes o administrativas.

La fiscal adjunta provincial, Karina Fiorella Gallegos Sotelo, fue la encargada de sustentar la investigación ante el juzgado, presentando pruebas que acreditaron los hechos y la culpabilidad de Trillo Uculmana. La fiscalía subrayó que esta sentencia refuerza el compromiso del Ministerio Público con la protección de los derechos de los menores y con el acceso efectivo a la justicia.

Reparación civil y medidas complementarias

Como parte de la condena, el agresor deberá pagar S/. 5.000 a favor del menor agraviado como reparación civil. Esta medida busca compensar, en parte, el daño físico y emocional causado por el delito, y representa un mecanismo adicional de protección de la víctima.

El caso también pone de relieve la importancia de fortalecer la vigilancia y regulación sobre personas que ocupan roles de confianza frente a menores, como docentes, catequistas o responsables de instituciones educativas y religiosas. La sentencia de Trillo Uculmana se convierte en un ejemplo de que la justicia puede actuar con firmeza frente a delitos sexuales contra menores, asegurando que los responsables sean sancionados de manera proporcional a la gravedad de sus acciones.

Con esta resolución, la Fiscalía de Parcona reafirma su labor de lucha contra los delitos sexuales, garantizando que las víctimas tengan acceso a la justicia y que los agresores enfrenten sanciones efectivas y ejemplares.

PJ insta a denunciar agresiones sexuales

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, instó a las representantes de las comunidades de la jurisdicción de la Corte de la Selva Central a exigir celeridad en la atención de los casos de violencia sexual por parte de la Policía, la Fiscalía y los jueces. Durante su intervención, subrayó la importancia de que las mujeres indígenas no permanezcan en silencio frente a las agresiones, especialmente cuando ocurren dentro del entorno familiar e involucran a padres, hermanos o tíos.

En el marco de la charla “Violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres indígenas: desafíos para el acceso a la justicia intercultural en el Perú”, Tello Gilardi se dirigió a más de 500 lideresas indígenas, juezas de paz, orientadoras judiciales, autoridades locales y representantes de la sociedad civil, reunidas en el polideportivo municipal de Capelo. La magistrada enfatizó que el cambio debe comenzar en las propias comunidades, donde la voz y acción de las lideresas son fundamentales para impulsar la transformación y garantizar justicia.

Asimismo, exhortó a las asistentes a denunciar de inmediato cualquier hecho de violencia sexual, recordando la responsabilidad que tienen como lideresas en la protección de los derechos de sus comunidades. “Esto tiene que acabar; ni bien sepamos de un hecho de violencia sexual, debemos denunciarlo, porque ustedes conocen los derechos que deben proteger, los mecanismos que pueden aplicar y las pruebas que se deben conservar”, afirmó la presidenta del Poder Judicial.