El Congreso de la República ha aprobado la Resolución Legislativa que declara procedente la investigación penal contra Betssy Chávez, excongresista y exministra, por presunta comisión de los delitos de negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias agravado.
Esta disposición involucra hechos registrados durante su paso por el Parlamento y los ministerios de Trabajo y Cultura, según la denuncia presentada por la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, el 10 de abril de 2023.
La Denuncia Constitucional N.º 355 fue admitida el 9 de mayo de ese año por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que inició un proceso parlamentario respaldado por el artículo 89 de su reglamento.
Según el Congreso, la investigación siguió varias etapas, en las que se incluyeron descargos, audiencias y análisis de pruebas presentadas por la exfuncionaria y su defensa, garantizando el respeto al debido proceso. El informe final, aprobado el 16 de octubre de 2024, recomendó la acusación constitucional por varios presuntos delitos.
Con la aprobación de esta resolución, el camino judicial queda abierto para que el Ministerio Público (Fiscalía) y el Poder Judicial avancen en diligencias y eventuales procesos contra Betssy Chávez por los hechos imputados durante su gestión pública.
Las investigaciones a Betssy Chávez
La exprimera ministra afronta diversas imputaciones. Como parte de su rol en el Congreso, se le presume responsable del delito de negociación incompatible, debido a la contratación directa en su despacho de Marco Antonio Sotelo Villa y Flor de María Jezabel Sotelo Villa, en un contexto en el que existiría vinculación personal con Abel Sotelo Villa.
Como ministra de Trabajo, el informe legislativo le atribuye haber participado directamente en la contratación de Marco Sotelo Villa en Essalud Tacna y de Antonio Riquelme Sotelo Calderón en SUNAFIL y SENATI. Tales acciones fueron consideradas, según el expediente, aprovechamiento indebido de su cargo.
A estas denuncias se suma la acusación por tráfico de influencias agravado, al supuestamente intervenir en la designación de Riquelme Sotelo Calderón como jefe zonal de COFOPRI Tacna, ejerciendo presión ante los entonces ministros Geiner Alvarado y César Paniagua.
El Congreso remarcó que el proceso respetó todas las garantías constitucionales, entre ellas el derecho a la defensa, la contradicción y una decisión imparcial, en cumplimiento de la Constitución y el Reglamento Legislativo.
Fiscalía busca evitar fuga
En paralelo, el Ministerio Público solicitó al Poder Judicial ampliar las restricciones que pesan sobre Betssy Chávez, ahora procesada por el intento de golpe de Estado. El requerimiento firmado por la fiscal Zoraida Ávalos plantea impedir que la exfuncionaria se acerque a embajadas o mantenga contacto con autoridades políticas extranjeras. Según el documento, la finalidad sería minimizar el riesgo de fuga y asegurar la presencia de Chávez en todas las fases del juicio oral.
Tras recuperar la libertad bajo reglas como el impedimento de salida de Lima y la presentación periódica a controles biométricos, la Fiscalía advierte que estas medidas no resultan suficientes, ya que no impiden la solicitud de asilo, por ejemplo, en la embajada de México, país donde reside la familia del expresidente Pedro Castillo.
El escrito fiscal hace énfasis en que existe “la posibilidad de que esta sostenga o pueda sostener comunicación con las autoridades mexicanas u otro país, a efectos de solicitar un asilo político”. Por eso, el Ministerio Público pide que se establezca una distancia mínima de 500 metros entre la acusada y cualquier sede diplomática de Lima y que se prohíba el contacto con funcionarios extranjeros, coimputados y testigos del proceso.
La Fiscalía ha fundamentado esta solicitud en antecedentes reconocidos, como el asilo concedido a familiares de Pedro Castillo en México y las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, interpretadas como respaldo público al exmandatario. Como medida adicional, el Ministerio Público exige la imposición de una caución económica de 20 mil soles para asegurar la asistencia de Chávez durante la investigación judicial.
El juez encargado, Juan Carlos Checkley, ha agendado la audiencia para examinar la pertinencia de las partes y determinar si procede la ampliación de las medidas solicitadas.
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