La extorsión a transportistas se ha convertido en uno de los principales problemas de inseguridad en el país, afectando tanto a los conductores como a los usuarios. Durante los últimos meses, diversos gremios del sector han denunciado amenazas de grupos criminales que buscan obtener pagos ilegales a cambio de “protección”, generando temor y afectando la movilidad urbana y regional. La situación ha provocado tensión y el anuncio de posibles paralizaciones, que amenazaban con afectar millones de viajes diarios.
En este contexto, los gremios de transporte decidieron dialogar con el Gobierno para buscar soluciones concretas. Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transporte, señaló que “los poderes del Estado deben tomar las medidas pertinentes para que estas no sean nulas. Porque lamentablemente, si no actúan con diligencia, el perjudicado es la población y en especial los transportistas”. Por su parte, Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores del Perú, recalcó la necesidad de acciones inmediatas: “No hemos venido a mirarles la cara bonita, sino a que ellos se pongan a trabajar por el pueblo que les ha elegido”.
Acuerdos entre gremios de transporte y Gobierno
Tras una reunión de tres horas con el presidente José Jerí, los gremios acordaron otorgar una tregua y descartar su participación en el paro anunciado para el 15 de octubre, condicionando esta decisión al cumplimiento efectivo de los compromisos. Entre los principales acuerdos se destacan:
- Creación de una unidad especializada en la Policía Nacional para combatir la extorsión, que deberá implementarse en un plazo no mayor de quince días.
- Revisión de leyes que favorecen la criminalidad, con el objetivo de fortalecer las investigaciones y proteger a conductores y usuarios.
- Seguimiento de avances mediante reuniones periódicas, con fechas fijadas para el 16 de octubre en el Palacio Legislativo y el 9 de noviembre en Palacio de Gobierno.
- Reactivación de programas de recompensas para obtener información sobre extorsionadores y criminales activos.
Los dirigentes enfatizaron que la ciudadanía respalda estas medidas y que los transportistas continuarán vigilantes. Martín Ojeda recordó que “solo en el transporte urbano de Lima y Callao se realizan más de 14 millones de viajes. Sería desastroso que el transporte se pliegue a una posición que afecte la gobernabilidad”. Miguel Palomino agregó que la paciencia tiene límites: “Esto es un cheque en blanco para que cumplan, pero si no se cumplen los plazos, seremos contundentes”.
Plantean ofrecer recomenpas por líderes criminales
En un intento por contener la ola de violencia que golpea al sector transporte, el presidente José Jerí sostuvo este viernes una reunión clave con 22 dirigentes de los principales gremios del país. El encuentro, realizado en Palacio de Gobierno, marcó un cambio de tono respecto al fallido diálogo anterior, cuando los representantes no fueron recibidos. Esta vez, las partes alcanzaron acuerdos concretos en materia de seguridad, centrados en combatir la extorsión, el sicariato y las amenazas que afectan a transportistas formales e informales.
Uno de los anuncios más llamativos fue la propuesta de otorgar recompensas a cabecillas de bandas criminales que decidan delatar a sus propios compañeros. Según los dirigentes, esta medida busca “romper” la estructura interna de las mafias dedicadas a la extorsión, incentivando la colaboración con la justicia para desarticular las redes más violentas. “Esta recompensa puede ser para las bandas en las cuales, mediante la información que dé algún delincuente, se pueda capturar a los cabecillas, que muchas veces son el objetivo principal”, explicó un vocero del gremio tras la reunión.
Los líderes del sector precisaron que, además de las recompensas, el mandatario se comprometió a destinar recursos para la creación de un grupo de élite especializado en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, con incentivos económicos para los policías que lo integren. Esta unidad trabajará de manera exclusiva en casos de extorsión, secuestro y amenazas contra transportistas, bajo coordinación directa del Ministerio del Interior.
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