Los principales gremios de transportistas del país decidieron otorgar un respiro al presidente de la República, José Jerí, y descartan participar en el paro nacional programado, tras sostener una reunión de tres horas en la que se discutieron medidas concretas para combatir la extorsión en el sector. La cita contó con la presencia de dirigentes de la Cámara Internacional de Transporte y la Asociación Nacional de Conductores del Perú, quienes evaluaron los avances y establecieron compromisos con el Ejecutivo.
Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transporte, señaló que “los poderes del Estado deben tomar las medidas pertinentes para que estas no sean nulas. Porque lamentablemente, si no actúan con diligencia, el perjudicado es la población y en especial los transportistas”. Además, destacó la importancia de reactivar programas de recompensas para obtener información sobre extorsionadores, una iniciativa que, según explicó, ya estaba prevista pero no había sido ejecutada con efectividad.
El gremio enfatizó que la gobernabilidad del país está en juego y que los transportistas están comprometidos con el servicio a la ciudadanía. Ojeda aseguró que “solo en el transporte urbano de Lima y Callao, se realizan más de 14 millones de viajes. Con la situación que está viendo el país, sería desastroso que el transporte se pliegue a una posición que afecte la gobernabilidad”. Por esta razón, los líderes del sector acordaron esperar el cumplimiento de los acuerdos antes de considerar cualquier medida de protesta.
¿A qué acuerdos llegaron los transportistas?
Durante la reunión, Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores del Perú, confirmó que se establecerá una unidad especializada en la Policía Nacional dedicada a combatir la extorsión. “Tenemos un primer acuerdo que se ha tomado: un plazo no mayor de 15 días para implementar esta unidad”, declaró. Además, Palomino adelantó que se revisarán leyes que podrían favorecer la criminalidad, buscando fortalecer las investigaciones y la seguridad de los transportistas y la ciudadanía.
El compromiso con el Ejecutivo incluye reuniones periódicas para evaluar avances. La próxima está programada para el 16 de octubre en el Palacio Legislativo y otra el 9 de noviembre en Palacio de Gobierno. Ambos dirigentes subrayaron que su decisión de no acatar el paro del 15 de octubre depende del cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos por el presidente. “Nos comprometemos a esperar el tiempo suficiente que dice el acta, pero indicándole que tenga mayor seguridad y tino la policía y los poderes del Estado para no dejar libres a los criminales”, afirmó Ojeda.
Palomino también destacó que la ciudadanía respalda estas medidas y que los transportistas no buscan protagonismo, sino soluciones concretas. “No hemos venido a mirarles la cara bonita, sino a que ellos se pongan a trabajar por el pueblo que les ha elegido. Esto es un cheque en blanco para que cumplan”, manifestó. Los dirigentes enfatizaron que cualquier incumplimiento en los plazos establecidos podría reactivar medidas de presión, aunque por el momento prevalece la tregua.
Coordinación y seguimiento continuo
Los líderes de los gremios coincidieron en que la coordinación entre los poderes del Estado y los transportistas es esencial para erradicar la extorsión y garantizar la seguridad de los conductores. Ojeda destacó que “estamos solicitando un trabajo en conjunto de poderes para erradicar leyes que favorecen a la criminalidad y organizaciones criminales”.
La reunión de tres horas en Presidencia del Consejo de Ministros permitió clarificar dudas, fijar plazos y establecer compromisos que incluyen recompensas para denuncias efectivas, creación de unidades policiales especializadas y revisión de normativas legales. Con estas medidas, los transportistas buscan asegurar que los esfuerzos contra la extorsión tengan resultados tangibles y que la población no se vea afectada por futuras paralizaciones.
Ambos gremios dejaron en claro que continuarán vigilantes y que, mientras los acuerdos se cumplan, no participarán en medidas de protesta. Sin embargo, advirtieron que la paciencia tiene límites y que la eficacia de las acciones dependerá del cumplimiento estricto de los compromisos asumidos por el Ejecutivo.
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