Tras el atentado que dejó heridos a integrantes de Agua Marina durante un concierto en Chorrillos, el Ministerio del Interior (Mininter) emitió un comunicado donde deslinda responsabilidad directa del Estado en el resguardo del evento.
Según la cartera liderada por Carlos Malaver, el espectáculo musical “no contaba con las garantías emitidas por la Dirección General de Gobierno Interior, ni la PNP de dicha jurisdicción fue comunicada de este evento, […] por lo que se dejó expuesta la seguridad de los artistas y los asistentes”, señaló el Mininter en el comunicado oficial, exhortando a los organizadores de espectáculos públicos a cumplir los protocolos para evitar poner en riesgo vidas humanas.
No obstante, la Municipalidad de Chorrillos contradijo esta versión, asegurando que el evento sí contaba con los permisos tramitados “de manera regular”, aunque no se precisó si ello incluía la autorización del Gobierno Interior. La comuna anunció que ha iniciado investigaciones para determinar si hubo irregularidades en el proceso de autorización del show.
“No se enteraron del evento”
En medio de la controversia, el gerente de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima, Mario Casaretto, explicó en entrevista con RPP que el trámite de garantías está regulado por el Decreto Supremo 002-2018-PCM, que establece la obligatoriedad de obtener una Evaluación de Condiciones de Seguridad (EXE) para eventos públicos y privados, especialmente aquellos que superen las 3 mil personas.
“El organizador del evento es quien debe hacer el trámite”, explicó Casaretto. Una vez aprobado el EXE por la municipalidad, este documento debe presentarse ante el Ministerio del Interior, que a través del Gobierno Interior comunica a la Policía Nacional la necesidad de resguardo externo. “Si no hay garantías, la policía no se entera del evento”, afirmó.
En el caso del concierto de Agua Marina en el Círculo Militar, Casaretto confirmó que no se cumplió con este procedimiento, ya que los promotores “se escudan muchas veces bajo el local donde realizan el evento”, refiriéndose a que, al tratarse de un recinto militar, algunos organizadores creen que no están obligados a realizar el trámite completo.
¿El trámite habría evitado el ataque?
La pregunta inevitable es si contar con garantías formales del Estado habría evitado el ataque, a lo que Casaretto reconoció los límites del sistema de seguridad en nuestro país.
“La gente que realiza estas acciones [extorsión y sicariato], que tiene esta insanidad de atacar, busca los espacios para poderlo hacer. No se puede garantizar que aún con el trámite no ocurra un hecho como este”.
El funcionario también alertó que situaciones similares se han presentado en otros recintos públicos o privados donde no se tramita el permiso formal, amparándose en que se trata de espacios institucionales.
Escalada de violencia no se detiene ante denuncias por extorsión
El ataque del 8 de octubre no fue un hecho aislado. Integrantes de Agua Marina ya habían alertado en marzo sobre amenazas, disparos y hasta explosivos en sus presentaciones. En ese entonces, el líder del grupo, José Quiroga, relató que, pese a las denuncias ante la Policía Nacional, “no pasó nada”.
Este nuevo atentado evidencia una grave omisión del Estado, que no solo dejó sin protección a la agrupación pese a las alertas previas, sino que ahora busca responsabilizar a los organizadores por no tramitar garantías, como si la seguridad pública fuera un trámite optativo.
La violencia afecta cada vez más a artistas, comerciantes, transportistas y ciudadanos en general. La falta de medidas efectivas por parte del Estado para controlar esta situación ha generado preocupación. La pregunta sobre si será necesario solicitar garantías de seguridad incluso para actividades cotidianas, como salir a disfrutar en la calle o un parque, refleja el creciente temor ante una delincuencia que parece avanzar sin control.
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