El jefe interino del Ministerio Público, Tomás Gálvez, afirmó este lunes que la permanencia del fiscal anticorrupción José Domingo Pérez busca garantizar el desarrollo del juicio contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán (2011-2014), y descarta una posible imputación en su contra por encubrimiento.
“Él tiene que continuar. Sacarlo en este momento, ¿qué significaría? Significaría entorpecer el juicio oral y hasta podrían imputarme que quiero encubrir o blindar a la señora Villarán”, declaró Gálvez tras ser consultado sobre el caso.
El magistrado aseguró que su posición responde a las responsabilidades de su cargo. “Una cosa es opinar como ciudadano, como particular, y otra cosa es opinar y realizar las cosas como representante del (Ministerio Público). Sabemos que se ha iniciado un juicio oral a cargo del doctor José Domingo Pérez”, señaló.
El Poder Judicial instaló la semana pasada el juicio contra Villarán por presuntos aportes irregulares de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para financiar su campaña por el ‘No’ a la revocación en 2013 y su intento de reelección en 2014.

El caso está a cargo del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, que evalúa un pedido fiscal para que la exalcaldesa reciba una condena de 29 años de cárcel por la presunta comisión de cinco delitos de corrupción. La acusación incluye a otras 18 personas y 16 empresas.
Villarán, de 76 años, afronta el proceso por los presuntos delitos de lavado de activos, asociación ilícita, colusión, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad ideológica.
El tribunal admitió el testimonio de 378 testigos ofrecidos por el Ministerio Público, entre los que están el brasileño Jorge Barata, exjefe de Odebrecht en Perú, así como excongresistas, exministros, actores y artistas peruanos.
El Ministerio Público asegura que la exfuncionaria recibió más de 11 millones de dólares y la acusa de haber liderado una organización criminal que realizó pactos ilícitos vinculados a contratos o adendas con las empresas que dieron los aportes.

Tensión
Gálvez admitió la semana pasada haber declarado que, de asumir la Fiscalía de la Nación, su primera acción sería separar a Domingo Pérez. Sin embargo, aseguró que no lo alejará del Equipo Especial Lava Jato, pues el fiscal acaba de iniciar el juicio oral y una medida de ese tipo carecería de justificación. Señaló que cada afirmación debe interpretarse en su contexto y garantizó que el fiscal anticorrupción seguiría en su puesto.
Previamente, la fiscal suprema suspendida Delia Espinoza pidió a Gálvez, quien la reemplazó, que respete la continuidad del equipo a cargo del Plan de Trabajo 2024–2027. Destacó avances en la gestión y remarcó la necesidad de conservar al personal técnico y gerencial designado para preservar la estabilidad institucional.
Más Noticias
BTS en Perú: Cómo comprar entradas en preventa por Ticketmaster y no fallar en el intento
Con el anuncio de los conciertos, ARMY en Perú se prepara para una de las ventas de entradas más competitivas de los últimos años

Paulo Autuori preocupado por el aumento de cupo de extranjeros en Liga 1: “¿Qué clase de recambio generacional hará Perú?
Al entrenador de Sporting Cristal le desagrada totalmente la nueva medida que impulsará la organización del fútbol nacional. “Me niego”, sostuvo

Aumenta el contrabando de gas desde Bolivia: “Sigue siendo más barato que el peruano” y cruza por rutas sin control
La diferencia de precios, casi el triple, impulsa un contrabando sostenido de gas licuado, con pasos fronterizos sin control efectivo y participación de actores locales, mientras familias bolivianas enfrentan largas filas para abastecerse

Promperú lanza convocatoria de trabajo 2026 en Lima y 7 regiones: ofrece sueldos de hasta S/ 10.000
En total se ofrecen 16 plazas para profesionales universitarios, bachilleres y egresados técnicos que puedan desempeñarse en distintos departamentos como La Libertad, Piura, Puno, Cusco y Tacna.

Petroperú y el concurso que rozó la puerta: cómo un decreto le compró tiempo al Estado
La medida tomada a través de un decreto de urgencia permitió suspender temporalmente el riesgo de que la petrolera estatal quede en manos de acreedores y pierda la capacidad de gestión pública sobre sus activos


