La influencia de Juan José Santiváñez sobre Dina Boluarte: 60% reconoce su poder en el Ejecutivo

El Congreso atenderá una moción de censura contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos

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24/01/2025 El ministro de Justicia
24/01/2025 El ministro de Justicia de Perú, Juan José Santiváñez. POLITICA Europa Press/Contacto/El Comercio

El escenario político peruano refleja una percepción amplificada sobre el papel del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, en las decisiones del Ejecutivo liderado por la presidenta Dina Boluarte. Un reciente estudio nacional de Ipsos reportó que un 60% de personas señala que Santiváñez ejerce “demasiado” o “mucho” poder en el actual gobierno, revelando una tendencia que trasciende la coyuntura ministerial.

Según detalló Ipsos, los resultados de la encuesta muestran que 28% de los encuestados considera que el ministro tiene “demasiada” influencia sobre la presidenta, mientras que 32% indica que posee “mucha”. Así, la suma de ambos porcentajes conforma una percepción dominante sobre la magnitud de su influencia. Un 14% opina que Santiváñez cuenta con “alguna” influencia, al tiempo que un 9% lo describe como un ministro “sin influencia especial”. Un segmento de 17% no respondió a la pregunta.

El informe expone una correspondencia directa entre estas valoraciones y la imagen que el exministro del Interior proyecta actualmente en el Consejo de Ministros. La facilitación de su paso desde la cartera del Interior hacia Justicia, en medio de controversias previas, refuerza la impresión pública de que el funcionario ha reforzado su peso dentro del Ejecutivo.

Al desagregar los resultados por regiones, el estudio de Ipsos reporta diferencias notorias. En Lima, el 34% de los ciudadanos considera que la influencia de Santiváñez es “demasiada”, mientras que 32% la califica de “mucha”. En las regiones fuera de la capital, estos porcentajes alcanzan el 25% y el 32%, respectivamente. Estos valores enfatizan la percepción de que las decisiones principales del gobierno pasan por la órbita del ministro.

La notoriedad de Juan José Santiváñez contrasta con las trayectorias de otros miembros del gabinete, ya que pocas figuras registran niveles tan altos de reconocimiento respecto a su capacidad de incidir en la presidenta. La mayoría de ciudadanos reconoce su peso dentro del Ejecutivo, según la interpretación de los datos de Ipsos.

En el contexto nacional, el debate público acerca del alcance de la autoridad de los ministros sobre las decisiones presidenciales cobra renovada vigencia. Por ahora, la cifra de 60% sobre el grado de influencia percibido de Santiváñez se posiciona como un indicador clave en el pulso entre opinión pública y poder político. El futuro inmediato podría traer movimientos en el gabinete, pero mientras tanto, la encuesta de Ipsos traza el actual mapa de percepciones y equilibrios internos en el aparato estatal.

Santiváñez en la cuerda floja

El futuro del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, depende de las decisiones que tomarán este lunes y martes la Mesa Directiva y la Junta de Portavoces del Congreso de la República. Ambas instancias evaluarán la admisión de la moción de censura presentada contra Santiváñez. Existe un debate técnico sobre si el proceso debe incluir una interpelación previa, por lo que la Oficialía Mayor respaldará la decisión.

La moción de censura fue impulsada por la congresista Susel Paredes del Bloque Democrático Popular y cuenta con el respaldo de legisladores de Perú Libre, Renovación Popular, Bancada Socialista y Juntos por el Perú. Solo un integrante de Somos Perú y Honor y Democracia suscribió el documento, mientras que algunos de Podemos Perú y congresistas no agrupados también sumaron firmas. En contraste, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Acción Popular no respaldaron la medida.

Los argumentos a favor de la censura incluyen el reciente historial político de Santiváñez, las investigaciones fiscales abiertas en su contra y presuntos vínculos con redes de poder asociadas al direccionamiento de contratos públicos y actividades ilegales.

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