La Defensoría del Pueblo, liderada por Josué Gutiérrez, anunció que presentará un proyecto de ley ante el Congreso de la República para combatir los discursos de odio que inciten a la discriminación o la violencia. Desde su perspectiva, esta iniciativa tiene como objetivo principal erradicar la promoción del odio en el país y priorizar la construcción de una cultura de paz, especialmente en un contexto de creciente tensión social.
En diálogo con RPP, Gutiérrez enfatizó que la propuesta no busca restringir la libertad de expresión ni imponer sanciones penales, sino fortalecer el respeto y la convivencia a través de los medios de comunicación y las políticas públicas.
El defensor del Pueblo indicó que el proyecto de ley está listo. “Lo que vamos a presentar esta semana seguramente al Congreso es que debe estar proscrita la actividad que fomenta el odio. Eso no puede darse. Nosotros tenemos que fomentar una cultura de paz a través de los medios de comunicación, a través de las políticas públicas en un momento de encrispación social”, afirmó el defensor del Pueblo.
Por otro lado, subrayó que la institución que representa considera fundamentales la libertad de expresión y la libertad de prensa para el funcionamiento natural de la democracia, y aclaró que la iniciativa no busca limitar estos derechos. También no descartó que el proyecto contemple la posibilidad de establecer sanciones en el ámbito electoral para quienes, postulando a cargos públicos, promuevan discursos de odio durante las campañas.
¿Qué es el discurso de odio?
El discurso de odio se define como cualquier manifestación verbal, escrita o simbólica que incite a la discriminación, hostilidad o violencia contra personas o grupos por motivos de raza, religión, orientación sexual, nacionalidad, género u otras características.
Estas expresiones pueden aparecer en espacios públicos, medios de comunicación, redes sociales y entornos institucionales, afectando tanto a individuos como a comunidades. Organismos internacionales y entidades defensoras de derechos humanos han advertido que el discurso de odio pone en riesgo la convivencia democrática y la seguridad social, al fomentar estigmas y justificar actos agresivos. Por ello, varios países han implementado marcos legales y políticas públicas para prevenir y sancionar su difusión.
Discursos polémicos y reacciones políticas
Recientemente, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, participó del evento Europa Viva 25, organizado en Madrid por el partido ultraderechista español Vox. Este viaje generó críticas en el Congreso peruano, ya que calificó a la izquierda de “asesina, ladrona y mentirosa”.
La intervención de López Aliaga incluyó referencias religiosas, como su afirmación: “Si no hubiera un solo Dios, ¿por qué nos respetaríamos? ¿Por qué nos amaríamos? ¿Por qué daríamos la vida como lo ha hecho Charlie Kirk?”, dijo.
En ese sentido, Alejandro Cavero, de Avanza País, señaló al mismo medio la importancia de mantener la laicidad del Estado. “(Hay que) decir que en este país vivimos en un estado laico. No vivimos en una teocracia. La gente es libre de tener su religión, su forma de pensar. Hay libertad religiosa en el Perú, pero no estamos en una teocracia, con lo cual hay que separar muy bien, sobre todo si es una persona que está postulando a la presidencia”, explicó. “Me parece un poco incoherente llamar, por un lado, ‘hermanos’, todos somos hermanos en Cristo, y, por otro lado, insultar, llamar al odio, al enfrentamiento”, agregó.
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