La presidenta Dina Boluarte sostuvo este miércoles una reunión bilateral con el secretario general de la ONU, António Guterres, en la cual expresó su malestar por el rechazo manifestado por el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, respecto a la reciente ley de amnistía promulgada por su gobierno.
El representante permanente del país ante las Naciones Unidas, Gustavo Adrianzén, relató a TV Perú los detalles del encuentro realizado en Washington y señaló que Guterres la recibió “de manera muy afectuosa”, antes de que presentara su protesta.
Según el exjefe de Gabinete, en la reunión se trataron “las preocupaciones principales del Perú” y se discutió “el futuro de la Secretaría General”, asunto sobre el cual Boluarte recalcó que “esta ocasión le correspondía a América Latina y el Caribe”.
Sin embargo, el momento tenso del diálogo fue la reacción de la mandataria ante el pronunciamiento de Türk, quien en agosto calificó la norma como un retroceso en materia de derechos humanos.
“La presidenta Boluarte le hizo saber del malestar e insatisfacción que había generado un comunicado que se había hecho público del alto comisionado de Naciones Unidas”, declaró Adrianzén. Agregó que se le encomendó redactar una nota formal para ser entregada a Guterres. “Vamos a actuar en consecuencia”, afirmó.
La ley, promulgada el 13 de agosto, concede amnistía a militares, policías y miembros de los comités civiles de autodefensa investigados o procesados por delitos cometidos durante el conflicto interno ocurrido entre 1980 y el año 2000.
“Estoy consternado por la promulgación de esta ley de amnistía, que es una afrenta a las miles de víctimas que merecen verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición, no impunidad”, declaró Türk durante la pasada sesión 60 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
“El derecho internacional, al que está obligado Perú, prohíbe claramente las amnistías y la prescripción de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”, añadió.
Desacato
Boluarte promulgó la norma de amnistía en desacato a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que había dispuesto suspender su tramitación. Las disposiciones del organismo internacional llevaron a la mandataria a plantear la posible salida de Perú del Pacto de San José, algo que hasta ahora solo han hecho Trinidad y Tobago, Venezuela y Nicaragua.
Con miras a reforzar esa postura dentro del Consejo de Ministros, Boluarte nombró como ministro de Justicia a Juan José Santiváñez, un abogado que ha defendido a policías acusados de presuntas ejecuciones extrajudiciales y que ya fue ministro del Interior hasta que el Congreso lo censuró en marzo pasado por una aparente “incapacidad” para luchar contra el crimen organizado.
La jefa de Estado también ha creado un grupo de trabajo para presentar un “proyecto de Ley de Soberanía Nacional” que, según políticos opositores y analistas, buscaría limitar la acción de la Corte IDH en la esfera nacional o incluso plantear la salida del Pacto de San José.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que ha acompañado y denunciado varios casos de violaciones durante el conflicto interno, sostiene que la amnistía “borra décadas de lucha por justicia y verdad” y apunta que más de 150 condenas y 600 procesos “están en riesgo”.
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