“Lima concentra los recursos económicos que produce Machu Picchu, mientras Cusco recibe solo una fracción de estos fondos". Así lo expuso Sixto Liñán, representante de la Asociación Peruana de Empresarios en Turismo, al señalar una presunta desigualdad en la administración del atractivo turístico más importante del país.
La declaración de Liñán al portal El Búho surge en medio de una crisis caracterizada por protestas, bloqueos y crecientes alertas respecto al futuro de Machu Picchu. El dirigente cuestionó que tanto la administración como los beneficios económicos del santuario se centralicen en la capital, mientras la región Cusco experimenta dificultades para su protección y mantenimiento.
Liñán afirmó que las decisiones sobre la ciudadela inca quedan en manos de funcionarios de los ministerios de Estado, quienes, según su perspectiva, gestionan el destino desde oficinas en la capital y desconocen las verdaderas condiciones del lugar. “Ningún funcionario de los ministerios de Lima sabe cómo se viaja a Machu Picchu. Ellos no conocen las dificultades que pasa un turista libre para llegar”, expresó Liñán.
El representante del sector turístico señaló que los altos funcionarios disponen de servicios exclusivos y facilidades, frente a un panorama en el que los visitantes comunes enfrentan obstáculos logísticos y escasa atención. Esta diferencia profundiza la brecha entre las autoridades que toman decisiones y las necesidades concretas del territorio.
Cabe mencionar que, de acuerdo a la información dada por el Ministerio de Cultura (Mincul), los fondos generados por Machu Picchu se emplean en la conservación y mantenimiento del sitio arqueológico, la promoción del turismo sostenible y la inversión en proyectos de desarrollo local y cultural en la región de Cusco. Estos recursos se destinan a la modernización de servicios y a la mejora de la interpretación cultural en el parque. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco es responsable de la gestión y administración de estos ingresos.
Conflictos sociales y bloqueos en la región Cusco
La organización New7Wonders advirtió que Machu Picchu podría perder su estatus de maravilla mundial por deficiencias en la gestión turística, como masificación, altos precios, venta irregular de boletos, problemas en el transporte y conflictos sociales. Aunque se han presentado propuestas de mejora, la respuesta oficial fue considerada insuficiente. El gobierno central minimizó la advertencia, indicando que solo la Unesco puede modificar el estatus patrimonial y que el sitio no figura como patrimonio en peligro.
El 14 de septiembre, comunidades locales iniciaron un paro indefinido en protesta por la concesión de la venta de boletos y la gestión del transporte hacia Machu Picchu. Los bloqueos y cierre de comercios dejaron turistas varados, con enfrentamientos y varios heridos. La suspensión del servicio ferroviario y la cancelación de reservas generaron pérdidas estimadas en un millón de soles diarios. Tras una semana de negociaciones, el transporte turístico se restableció y la protesta cesó, pero el malestar social continúa.
El 22 de septiembre, una nueva protesta impulsada por los Frentes de Defensa de Anta y Mollepata paralizó la vía Cusco-Abancay, afectando el acceso a la laguna Humantay y al nevado Salkantay. El paro de 48 horas fue convocado contra los Censos 2025 del INEI por supuesta exclusión de comunidades. Este nuevo bloqueo aún no ha sido resuelto.
Las autoridades regionales de turismo recomendaron reprogramar actividades y priorizar la seguridad de los visitantes, especialmente en rutas afectadas. La embajada de Estados Unidos en Perú emitió una advertencia a sus ciudadanos sobre los riesgos en la zona.
Los bloqueos en los tramos de la vía férrea entre Cusco y Ollantaytambo afecta la movilidad de turistas y residentes quienes usan estas rutas como conectores esenciales hacia otros destinos. La situación vuelve a impactar en la imagen de Cusco como destino seguro.
Ante este panorama, gremios turísticos y comunidades insisten en la necesidad de una gestión más coordinada y transparente para proteger la reputación del destino. Las autoridades regionales advirtieron que la confianza internacional puede deteriorarse si no se priorizan soluciones inclusivas y sostenibles.
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